Domingo 25 de Agosto de 2019

Reducción de costos notariales: Entre 0% y 95%

La oposición que encontró esta propuesta en la Cámara de Diputados obligó al Gobierno a ingresar una indicación que limita el territorio y estipula que el Ministerio de Justicia determinará, caso a caso, el número de fedatarios por notario, con un mínimo de 5 y un máximo de 10. La comisión de Constitución de la Cámara Baja redujo el rango de 4 a 8. Con esta indicación, la creación de los fedatarios tendrá un impacto menor sobre los costos”.

Una reforma bien hecha del mercado de los notarios reduciría en un 95% los costos para los usuarios, de modo que un trámite que hoy cuesta $60 mil costaría tan solo $3 mil. Poco más de la mitad del ahorro vendría de usar masivamente las tecnologías de información y comunicación, el resto de eliminar las rentas monopólicas y de reducir los tiempos de espera y de viaje. Las cifras anteriores provienen del informe “Estudio de Mercado sobre Notarios” de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), de julio de 2018. Colaboré con este informe en calidad de asesor externo. Sus fuentes de información incluyen una encuesta a usuarios de 77 notarías, la medición de sus tiempos de espera y la información tributaria del SII para todos los notarios del país.

A diferencia de la mayoría de los servicios, donde la competencia determina el número de oferentes y su localización, el número de notarios y los territorios que sirven los determina la autoridad. El número actual de notarios en todo el país es de aproximadamente 350, cifra mucho menor que en otros países (tan solo en el ciudad de Buenos Aires, con tres millones de habitantes, hay 1.600 notarios) y claramente insuficiente. Esta falta de notarios explica por qué su ingreso mensual promedio es de $14 millones ($24 millones en la Región Metropolitana). Según las estimaciones de la FNE, si hubiera competencia, estos ingresos serían un 40% menor. Estas rentas monopólicas y el sistema con que se seleccionan también explican por qué personas cercanas a autoridades políticas y judiciales se encuentran sobrerrepresentadas entre los notarios.

El tiempo promedio que toma hacer un trámite notarial, incluyendo el viaje y la espera, es de una hora y cuarto. Si el mercado de los notarios fuera competitivo, este tiempo sería bastante menor, porque habría más notarios y una notaría más cerca para mucha gente, y porque las notarías darían un servicio más rápido.

La principal fuente de ineficiencia en el mercado de los notarios, sin embargo, es que la falta de competencia y las regulaciones existentes llevan a un retraso notorio en la adopción de nuevas tecnologías. Cuando no hay competencia, los incentivos para innovar son pocos. Además, muchos trámites requieren ir a una notaría sin que esto se justifique, como las declaraciones juradas, las cartas de renuncia y los finiquitos. Si no existiera esta obligación, estos trámites podrían hacerse por vía electrónica, a un costo treinta veces menor.

En septiembre de 2018, el gobierno ingresó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que reforma el sistema de notarios. Hubo varios intentos en gobiernos anteriores, incluyendo el primer gobierno del Presidente Piñera, todos los cuales naufragaron ante el poderoso lobby de los notarios. La iniciativa del actual gobierno contempla un proceso más transparente de nominación de notarios y elimina la exigencia de presentar copias autorizadas ante notario de instrumentos otorgados por el Estado. Lo más importante, sin embargo, es la creación de los fedatarios, quienes competirían con los notarios en aquellos servicios que no requieren de un registro. Estos servicios, que se conocen como “servicios de mesón”, incluyen finiquitos laborales, fotocopias autorizadas y autorizaciones de firma en instrumentos privados y representan alrededor del 70% de los servicios prestados y un tercio de los ingresos de los notarios.

La propuesta original del gobierno no limitaba el número de fedatarios ni el territorio que podían servir. Esto introducía competencia en los servicios de mesón y una importante reducción de costos. La oposición que encontró esta propuesta en la Cámara de Diputados obligó al gobierno a ingresar una indicación que limita el territorio y estipula que el Ministerio de Justicia determinará caso a caso el número de fedatarios por notario, con un mínimo de 5 y un máximo de 10. La comisión de Constitución de la Cámara Baja redujo el rango de 4 a 8. Con esta indicación, la creación de los fedatarios tendrá un impacto menor sobre los costos.

El proyecto de ley que tramita el Congreso no contempla medidas que promuevan de manera efectiva el uso de nuevas tecnologías. Como se mencionó, es aquí donde están las mayores oportunidades para beneficiar a los ciudadanos. Una simple indicación podría resolver esta falencia. La legislación vigente permite a los notarios “autorizar las firmas que se estampen en documentos privados, sea en su presencia o cuya autenticidad conste”. Si el proyecto en trámite establece que la frase “cuya autenticidad conste” incluye que el notario y el fedatario pueden utilizar cualquier medio de verificación de identidad seguro, se abre la posibilidad de realizar trámites utilizando mecanismos como la firma electrónica avanzada, sin tener que ir a la notaría. Esto significaría importantes ahorros en los tiempos de viaje y de espera, y en los costos de transporte y de las prestaciones. Aunque lejos del 95% que se hubiese logrado en un mundo sin el lobby de los notarios, con esta simple indicación la reforma valdrá la pena.

Ni 40 ni 41 horas. Libertad en vez de magia

¿Qué porcentaje de los 8,5 millones de ocupados en Chile trabajan efectivamente las 45 horas que —mágicamente— dicta la ley actual? La respuesta seguramente no la tienen ni las dos honestas diputadas que reconocieron no haber estudiado el tema, ni aparentemente tampoco el estudioso experto ministerial. Respuesta: apenas un tercio. Dos de cada tres ocupados NO calzan con el número mágico actual.

Otra semana más ha pasado con un encendido debate respecto de cuánto debiéramos trabajar en Chile. El Partido Comunista (PC) nos quiere obligar por ley a que no trabajemos más de 40 horas a la semana. El Gobierno ahora quiere que no trabajemos más de 41 horas, pero en un contexto de mayor flexibilidad, es decir, algunas semanas podremos trabajar más o menos, pero llegando a la mágica cifra de 41 en promedio.

En un momento de mágica honestidad, ante la pregunta de si hay estudios sobre el impacto de una u otra propuesta, la respuesta desde el Partido Comunista fue digna de archivar: “Mentiría si dijera que en este momento tenemos un estudio de impacto absoluto de lo que va a significar para el país, cuántas empresas en concreto se van a cerrar o cuántas empresas se van a abrir, o cuántos empleos se van a cerrar o se van a abrir”. Lamentablemente, los dos años transcurridos desde que presentaron esta moción no han sido suficientes para hacer dicho estudio.

El Gobierno por su parte, con una celeridad que no ha sido interpretada necesariamente como sinónimo de estudio delicado de la materia, ha dicho que su propuesta, gracias a la flexibilización e implementación gradual que contempla, generará un aumento de 340 mil empleos en cuatro años, mientras que la propuesta desde el PC iba a destruir del orden de los 250 mil empleos. Cada uno podrá sacar sus propias conclusiones.

Todos tienen derecho a sus opiniones y en los últimos días se han ofrecido varias. Renombrados economistas de distintas sensibilidades políticas han planteado sus reparos a una reducción forzada de la jornada laboral, recordándonos que “hay que elevar la productividad primero”. Desde el mundo de los empresarios se han escuchado voces que valoran el debate, que hacen suya la importancia de cuidar la calidad de vida de los trabajadores y algunos se han puesto a trabajar en propuestas alternativas.

Se ofrecen muchas respuestas posibles, pero se echa de menos una pregunta:

¿Es pertinente que dos diputadas o el sistema político en su conjunto, que un estudioso sentado en algún Ministerio o un grupo de industriosos empresarios definan para todo el resto cuántas horas debemos trabajar?

La imagen de un burócrata soviético decidiendo cuál es el diámetro aceptable y obligatorio de una manzana resulta —espero— evidentemente absurda como evidente es el efecto que dicho sistema tuvo para los que querían vender o comer manzanas. La imagen de nuestro estudioso en el ministerio puede ser menos evidentemente absurda, pero es infinitamente más grave.

No es un secreto: cada sector de la economía tiene sus propias complejidades. Más aun, cada sector está tratando de anticipar —de imaginar— cómo ajustarse a verdaderas olas de cambio que transformarán la forma en que trabajan, producen e interactúan con consumidores, clientes y, desde luego, con sus trabajadores.

No hay manera de ignorarlo: donde se pone ese límite fijo para todos, para muchos emprendimientos equivale a que le fijen el nivel del agua mucho más arriba del cuello.

El sentido común de los trabajadores es innegable y por cierto ha sido escrupulosamente ignorado por casi todos los participantes en esta conversación nacional. Ante la pregunta del INE, en su encuesta mensual de empleo: ¿trabajaría menos horas, aunque esto suponga una reducción proporcional de su sueldo?, más del 95% responde que NO.

A los trabajadores tampoco les sirven las camisas de fuerza. Es más, ni trabajadores ni empresarios las toleran, aunque se las impongan por ley.

¿Qué porcentaje de los 8,5 millones de ocupados en Chile trabajan efectivamente las 45 horas que —mágicamente— dicta la ley actual? La respuesta seguramente no la tienen ni las dos honestas diputadas que reconocieron no haber estudiado el tema, ni aparentemente tampoco el estudioso experto ministerial.

Respuesta: apenas un tercio.

¿Cómo? Efectivamente, 2 de cada tres ocupados NO calzan con el número mágico actual.

Valga una aclaración para los que se sientan inclinados a gritar “¡explotación!”, al enterarse del dato anterior: casi la mitad de los ocupados (47%) trabajan efectivamente 44 horas o menos. Sin necesidad de magia.

No cabe duda de que el sueño de todos es contar con una cada vez mejor calidad de vida, más tiempo para la familia y en general para actividades que van más allá de lo laboral. Pero cuando los sueños se quieren imponer por ley, se transforman en pesadillas.

Con mis disculpas previas a los lectores que no viven en Santiago, termino por reconocer la audacia de algunos partícipes de este debate, que esgrimen el dato —lamentablemente real— de las horas de vida que la gente pierde transportándose de su casa al trabajo. Algunos de los mismos que hace más de una década le quitaron un par de horas de vida a la gente con otra dosis de “magia” llamada Transantiago, ahora les prometen devolvérselas. Con más magia.

Fecha límite para el primer semestre era el 30 de junio:

El 85% de las empresas SEP no envió en los plazos estipulados los informes con las medidas de austeridad solicitadas por el Presidente Piñera

Solo las empresas portuarias de Valparaíso, Coquimbo y Antofagasta cumplieron con esta orden presidencial. Dipres requirió a los ejecutivos para que entreguen “a la brevedad posible” los respectivos reportes. Carlos Agurto L.

EFE, Metro, Casa de Moneda y Correos de Chile. Estas son algunas de las 17 firmas de un total de 20 que conforman el Sistema de Empresas Públicas (SEP) —holding que agrupa a firmas cuyo propietario o accionista principal es el Estado de Chile— que no enviaron antes del 30 de junio el informe con los resultados de las medidas de austeridad implementadas en dichas compañías durante el primer semestre, tal como exige un instructivo emitido por el Presidente Sebastián Piñera en abril del año pasado.

El documento obliga a que las empresas públicas o aquellas sociedades en que el Estado o sus instituciones tienen un 50% o más de su capital social, entregue a la Dirección de Presupuestos (Dipres) el detalle de las acciones realizadas para cumplir con el plan de eficiencia en el uso de recursos públicos que lleva adelante la actual administración. Dicho documento debe ser enviado de forma semestral, a más tardar el 30 de junio y el 31 de diciembre, con el detalle del menor gasto en ítems como publicidad, gastos de representación, vehículos, viáticos, telefonía, etc.

Según información solicitada por “El Mercurio” vía Ley de Transparencia, la Dipres confirmó que a la fecha de la solicitud (17 de julio) solo tres empresas públicas habían cumplido con el envío de la información: Las empresas portuarias de Coquimbo, Valparaíso y Antofagasta.

Dipres señala que requirió a los ejecutivos de las empresas que han incumplido con el envío del reporte para que lo entreguen “a la brevedad posible”.

Consultado por el retraso en el envío de estos informes, el director ejecutivo del SEP, Javier Bosh, se limitó a decir que la entidad ha encargado a los directorios de las empresas especial foco en la racionalidad y control de los gastos, en línea con los requerimientos del instructivo presidencial.

El funcionario añade que el efecto de estas medidas debiese verse reflejado en los resultados del primer semestre 2019.

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