Miércoles 11 de Septiembre de 2019

Eficacia de la Ley de Etiquetado

Solo una educación integral que permita a los chilenos comprender la relación causal entre sus hábitos alimentarios y la aparición de graves enfermedades aliviará el problema.

A pocas semanas de haberse cumplido tres años de la Ley de Etiquetado de Alimentos, y de haberse iniciado su más exigente etapa, han comenzado a revisarse informalmente sus disposiciones y sus efectos. Puede ser algo temprano para una evaluación completa, pero se generaliza la impresión de que el método de alertar al público sobre el carácter nocivo de ciertos alimentos aparece algo desgastado. Los sellos octogonales que advierten que el comestible está alto en calorías, o en contenido de azúcar o sodio o grasas saturadas lograron cierto impacto en la población cuando aparecieron, pero con el paso del tiempo se observan dos fenómenos: por un lado, el público está más enterado del significado de los sellos y dice comprenderlos mejor, pero, a la vez, ahora se manifiesta algo más indiferente ante ellos que cuando entró en vigencia la ley en el año 2016.

El objetivo, claro está, no era simplemente el de crear conciencia en la población de los efectos perjudiciales para la salud de ciertos componentes de las comidas, sino el de reducir las altísimas tasas de obesidad de las que sufre nuestro país y que están conduciendo a la aparición de otras enfermedades, como diabetes y cánceres, que crecen a tasas aceleradas. Llegar a cambiar la prevalencia de la obesidad es una tarea que habrá de tomar varios años, si no décadas, y por tanto, no parece ser este el mejor momento de evaluar el impacto de los sellos y de las otras disposiciones de la ley. Pero es natural que los expertos se mantengan atentos a las cifras de obesidad, y como lo ha manifestado el ministro de Salud, “el tema objetivo es que las cifras de obesidad en Chile siguen empeorando y no mejorando”, lo que mantiene la inquietud por los problemas de salud. Quizás, como lo advierte el mismo ministro, se confió demasiado en el efecto de una sola medida, la de los sellos a los alimentos, y se han postergado otras igualmente necesarias. Ninguna disposición aislada por sí sola podrá tener un impacto tan grande como para cambiar hábitos largamente arraigados en la población.

Más aún, los sellos se han hecho tan prevalentes en los supermercados, que por su sola abundancia han perdido eficacia. Un estudio de la Universidad de Chile reveló que cerca de un 60 por ciento de esos productos lleva un sello, lo que no permite identificar a aquellos particularmente dañinos. Más aún, los industriales del mundo de los alimentos han comprobado que en muchos casos les resulta más rentable llevar el sello en los productos originales antes que cambiar las fórmulas, pues los reemplazos de componentes no siempre son aceptados por el público. En la etapa actual de la ley, muchas veces eso implicará cambiar la orientación del producto, puesto que aquellos que sobrepasen ciertas proporciones de los componentes objetados no podrán orientarse a los niños.

Para demostrar cuán compleja es la situación nutricional de un país, conviene también detenerse en los efectos de los cambios de fórmulas, pues el reemplazo del azúcar por nuevos edulcorantes, artificiales o naturales, nunca ha sido puesto a prueba en una escala masiva por tiempos suficientemente largos. Los reemplazos parecen ser mejor que el azúcar, pero son muy pocas las investigaciones que lo podrían comprobar. De hecho, en estos días, los médicos especialistas han sido sorprendidos con el estudio masivo realizado en diez países europeos sobre el consumo de bebidas. En esa investigación ha quedado en evidencia que quienes toman dos vasos de bebida al día tienen mayor mortalidad que los que no lo hacen, pero es mucho mayor la mortalidad de quienes toman bebidas endulzadas artificialmente que los que las toman con azúcar. Es otra advertencia sobre cuánto ignoramos sobre nutrición y salud, lo que refuerza la idea de que solo una educación integral que permita a los chilenos comprender la relación causal, aunque distante en el tiempo, entre sus hábitos alimentarios y la aparición de graves enfermedades podrá aliviar el problema.

Acceso a remedios

Corresponde perseverar en políticas que permitan bajar sus precios.

Fonasa adjudicó a Farmacias Ahumada la zona centro del país —correspondiente a las regiones Metropolitana y de O'Higgins— en la licitación realizada entre las farmacias privadas para ofrecer descuentos preferentes en medicamentos a los más de 13 millones de beneficiarios del seguro público. Quedaron pendientes en este proceso el resto de las regiones, por lo que ya se prepara una nueva convocatoria.

Los más de 2.700 fármacos que tendrán descuentos a partir de la segunda semana de octubre deberán ser comprados con receta médica y están agrupados en seis categorías: patologías crónicas; patologías de especialidad; pediatría; alergias, analgésicos y antiinflamatorios; productos óticos, y otros de alto costo.

De acuerdo con los cálculos de Fonasa, el descuento ponderado, considerando la cantidad que se consume de cada medicamento, es de 29%, lo que sería mayor que lo que obtienen los usuarios de isapres con este tipo de convenios. Se trata de un paso significativo, sobre todo considerando que, de acuerdo con estudios de la última Encuesta Nacional de Salud de la U. Andrés Bello, una familia beneficiaria de Fonasa gasta un 5% del presupuesto familiar en este tipo de productos, pero en algunos casos la cifra es mucho más significativa.

Por lo mismo, junto con iniciativas como esta, se debe seguir impulsando otras políticas que permitan bajar aún más los costos de los remedios, que se sumen a la ya implementada cotización en línea (que permite a los usuarios comparar precios) y al proyecto que se presentará para permitir la venta de los remedios que no requieren receta en lugares distintos de las farmacias.

El mercado de los medicamentos es controvertido en todo el mundo. Por una parte, existen importantes asimetrías —por ejemplo, entre médicos y pacientes, o entre los primeros y los laboratorios— y, por otra, las patentes otorgan a los laboratorios un grado de poder de mercado que es diferente para cada medicamento.

La evidencia muestra, además, que las diferencias entre países son significativas. Al respecto, existe desde este año un observatorio internacional de precios de fármacos —impulsado por el Ministerio de Salud y la Central Nacional de Abastecimiento— que lleva un registro abierto de los precios a los que los laboratorios venden sus productos en otros países. Si bien la situación cambia dependiendo de cada remedio, la evidencia tiende a mostrar que los precios en Chile se ubican en el rango alto.

Lamentablemente, existe un grado de opacidad en nuestro país respecto de los incentivos económicos que tienen los laboratorios, los médicos, las farmacias, las compañías de seguros y los pacientes. Por ello, la mejor forma de conseguir máximos beneficios es diseñar buenas políticas públicas; y para eso se requiere de minuciosos análisis, discutidos con quienes participan en el mercado.

Se debiera considerar también la posibilidad de permitir las importaciones directas de ciertos medicamentos, con la sola exigencia de que se encuentren autorizados por agencias sanitarias reconocidas mundialmente, como la FDA de Estados Unidos y en general las de los países OCDE. Las complejas reglas que regulan el mercado en Chile sí permiten la importación de principios activos con los que son ensamblados, lo que favorece la posición de los laboratorios.

Iniciativa de ley y constitucionalidad

Un régimen presidencial demanda una delimitación precisa de las respectivas atribuciones del Ejecutivo y el Legislativo.

Dependiendo de cuál sea el curso que siga su tramitación, el Gobierno evalúa la conveniencia de presentar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional a propósito de la moción parlamentaria que reduce la jornada laboral a cuarenta horas, decisión que se adoptaría después de su votación por la sala de la Cámara de Diputados, que se estima para octubre. Pero este no es el único proyecto cuya constitucionalidad preocupa a La Moneda. De hecho, un informe interno al que accedió este diario da cuenta de otras 17 iniciativas —la mayoría en trámite, aunque también se mencionan dos indicaciones a la actual Ley de Presupuestos que el Congreso aprobó en su momento y que el TC ya objetó— en las que existirían vicios de constitucionalidad, en la mayoría de los casos por tratarse de mociones o de indicaciones parlamentarias que abordarían materias de exclusiva iniciativa presidencial. De esta manera, la inquietud del Gobierno, más que simplemente zanjar el futuro de un proyecto que le ha traído complicaciones políticas, apuntaría a asentar criterios más claros para establecer los límites de la acción de los poderes Ejecutivo y Legislativo. En ese sentido, las interpretaciones respecto de que estas serían formas de intentar recuperar el control del debate o que, al evaluar esta vía, el Gobierno demuestra incapacidad para sostener la deliberación política que esos proyectos exigen parecen exageradas.

Desde luego, en el caso de la iniciativa sobre jornada laboral, llama la atención el hecho de que durante estas semanas se hayan levantado diversas voces —incluidas las de destacados economistas de la centroizquierda— pidiendo evaluar con detención los potenciales impactos de esta propuesta, planteamientos que sin embargo la comisión no ha recogido, optando en cambio por dar trámite acelerado al tema. Tal actitud —como también la lógica subyacente a la afirmación de que en este asunto serían relevantes las consideraciones económicas— sugiere que los propios partidarios del proyecto son reticentes a llevar a cabo una deliberación seria del mismo.

En ese contexto, no puede desconocerse la importancia del tema que el Gobierno ha puesto en la discusión, al advertir sobre una supuesta tendencia de los congresistas por invadir atribuciones del Ejecutivo. La doble legitimidad que caracteriza a los regímenes presidenciales como el nuestro hace recomendable una delimitación precisa, sobre todo en materias donde hay controversia. En caso contrario, no es difícil imaginar la posibilidad de un conflicto entre poderes que en el futuro podría escalar innecesariamente.

No resulta, por lo demás, caprichosa la argumentación de quienes cuestionan la constitucionalidad de proyectos como el de la jornada laboral. Debe recordarse que esta propuesta fue declarada inadmisible en la administración pasada por dos presidentes de la Cámara de Diputados y por un secretario de la comisión de Trabajo, precisamente por estimar que se trata de una materia en que los parlamentarios carecen de iniciativa. En efecto, la Constitución entrega al Presidente de la República iniciativa exclusiva, entre otras materias, en asuntos de empleo público y situación financiera del Estado, principio que nuestra evolución institucional asentó y que ha contribuido decisivamente a la responsabilidad fiscal. Conforme con ello, se ha entendido habitualmente que todo proyecto que tenga un impacto fiscal de primer orden es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. En ese sentido —y contrario al criterio seguido en el caso de las 40 horas por los diputados—, no se trata solo de si el impacto es indirecto o directo, sino de su magnitud; de hecho, en este caso, según lo ha documentado la Dirección de Presupuestos, el efecto puede ser cuantioso para las arcas fiscales, de hasta US$ 2.400 millones. Suponer que los parlamentarios pueden imponer por propia iniciativa un gasto de esta magnitud al Ejecutivo implica debilitar una de las bases del ordenamiento económico. Es difícil pensar, además, que este proyecto no pueda tener un efecto en el empleo público. Si se reducen las horas trabajadas, a menos que se crea en un alza importante de su productividad, se requerirá una creación de empleos públicos, materia que corresponde al Poder Ejecutivo.

Por cierto, cabe evaluar si la vía de presentar uno o más requerimientos ante el TC es la más adecuada desde un punto de vista político, o si conviene agotar previamente ciertas instancias de discusión legislativa, considerando el grado de tensionamiento que aquello introduce.

Chile: un año más de libertad

Iban con la Historia, pensaban; iban a imponerse, costara lo que costase, decían.

Dentro de unos meses, polacos, húngaros, alemanes orientales, checos, eslovacos, búlgaros y rumanos celebrarán los 30 años de su liberación del comunismo. Y, a fines de 2021, lo harán todas las nacionalidades que recuperaron su identidad con el final de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, al terminar 1991. Celebrarán los mismos rusos, en primer lugar, y junto a ellos, tantos otros pueblos, hoy libres y soberanos. Y a pesar de su propio y dramático proceso, festejarán también eslovenos, croatas, serbios, bosnios y las demás nacionalidades sometidas por décadas al yugo eslavo de Tito.

Los berlineses orientales lo habían intentado en 1953: fracasaron; les quedaban otros 36 años de opresión, con el Muro incluido. Los polacos y los húngaros se sublevaron en 1956 —los magiares en gesta heroica—, pero no tuvieron éxito; tenían 33 años de tiranía por delante. Checos y eslovacos iniciaron su Primavera de Praga en 1968, pero fueron aplastados; les quedaban 21 años hasta que Havel encabezara el proceso de liberación.

En 1961, los cubanos de Bahía Cochinos se jugaron y perdieron la vida para liberar la isla de la tiranía castrista. Su derrota —más bien, la de quienes los lanzaron a esa aventura— ha permitido que el régimen comunista se haya prolongado por otros 58 años. Y, en 1989, fueron los jóvenes chinos quienes repudiaron a su Estado y a su partido en Tiananmen, pero fueron aplastados, 40 años después de la victoria comunista en su patria. (¿Qué versión nos dará el embajador?)

Nada se sabe de Corea del Norte, pero mucho sí se conoce de la tiranía marxista de Maduro en Venezuela y de los intentos reiterados de tantos patriotas por obtener la liberación de su país, para que no siga perpetuándose un régimen al que una mano amiga acaba de acusar de “posibles ejecuciones extrajudiciales.”

Y en Chile, ese 11 de septiembre de 1973.

De entre los chilenos que repudian la acción de las Fuerzas Armadas que depuso al ilegítimo gobierno de Allende, unos tienen muy buenos motivos para hacerlo. Son los que estaban estableciendo un régimen basado en el marxismo y que vieron frustrada toda su retórica y toda su gestión. Vivían en paralelo con los experimentos comunistas en Europa central y oriental, en Cuba y en Corea, en China y en numerosas naciones del África y del Asia. Iban con la Historia, pensaban; iban a imponerse, costara lo que costase, decían.

Pero hay un segundo grupo.

Son los que no han tenido nunca una suficiente comprensión de lo que realmente sucedió ese día 11.

Tres razones explican su miopía.

El proceso allendista, dicen, fue muy corto. A pesar de que el PC y el PS venían coaligándose desde finales de la Segunda Guerra Mundial para hacer la revolución en Chile (las cuatro candidaturas de Allende son la mejor demostración), que hayan dispuesto apenas de tres años para ponerla en práctica hace pensar a algunos que los marxistas chilenos aún no habían dado suficientes señales de totalitarismo.

Además, afirman, no había peligro de control soviético o cubano. Lo sostienen, a pesar de toda la evidencia sobre la enorme presencia castrista en Chile —incluido el paseo del dictador por nuestro territorio— y sobre la masiva intervención soviética en el aparato estatal. Claro, ya se sabe, algunos necesitan al Ejército Rojo en sus narices para convencerse.

Por último, sostienen, las culpas de lo sucedido son compartidas: todos los sectores políticos y sociales colaboraron para que se produjera el colapso. Exquisita manera de quitarle toda importancia a lo más relevante; claudicación completa de la inteligencia y del sentido moral. Curiosamente, son los que le dicen “nunca más” a Pinochet, pero no se atreven a decírselo a Allende.

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TV para oír y no mirar

Carlos, presidente en ejercicio del Club de Los Canallas (entidad con fines de lucro que no tiene un peso y que desde hace más de treinta años sienta sus reales en la festiva comuna de Macul), cuenta en el restaurante de la esquina que todas las tardes se entretiene escuchando en la televisión un canal que solo transmite canciones del ayer. “Me relajo y me lleno de nostalgia escuchando a Bill Haley, Doris Day, a Los Platters, Brenda Lee, Ray Charles, Neil Sedaka, bueno y a todos los otros que nos hicieron bailar y enamorar en esos años”. Ante una consulta, dice cansado: “Es en la televisión, pero no hay imágenes, lo único que hay es música”. Otro le pregunta por el número de ese canal tan estupendo, pero Carlos no le contesta (bueno, por algo es el presidente de los canallas).

Yo, por aquí y por allá, me las ingenié y logré llegar al mentado canal. Lo sintonicé y al primero que escuché fue a Dean Martin cantando “Return to me”. Lo bueno de este canal musical es que no tiene interrupciones, no hay comerciales ni locutor que diga esta boca es mía. Termina un tema y empieza otro de inmediato. Una maravilla.

Claudio observa que si hay un canal que en vez de imágenes transmite canciones, “qué lindo sería si hubiese un canal igual, pero que, en vez de música, solo pasara películas del ayer”. Y Carlos, haciendo un juego con la finalidad de los medios de comunicación, le dice: “Sí, pero esas películas tendrías que verlas en la radio…”.

Mentessana

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