Sábado 21 de Diciembre de 2019

Más allá de los cupos para incorporarse a la redacción de la Carta Magna, algunos restan validez a la convocatoria:

Pueblos indígenas muestran división sobre participar o excluirse de proceso constituyente

Lonco Alberto Curamil afirma que “la institucionalidad que se está dando no nos representa”, mientras que Aucán Huilcamán llama a “desconocer lo que se resuelva”.

V. FUENTES, M. ROJAS y S. HENRÍQUEZ

A partir del último censo, pedimos que, al menos, un 10% de los constituyentes pertenezcan a pueblos originarios. Y que de ellos, la mitad sean mujeres”.

CAROLINA HUENUPÁN

Vicepresidenta de la Corporación de Profesionales Mapuches

Los mapuches no tienen nada que hacer en el proceso constituyente chileno, es un acto ajeno. Por el contrario, tienen que desconocer sus decisiones”.

AUCÁN HUILCAMÁN

Representante del Consejo de Todas las Tierras

La nueva institucionalidad que se está dando no nos representa. Tampoco responde a las demandas que por años ha levantado el pueblo mapuche”.

ALBERTO CURAMIL

Lonco y líder ambientalista

Creemos que un representante de Rapa Nui en el proceso constituyente es lo que corresponde. Quien sea elegido lo va a hacer con altura de miras”.

PEDRO EDMUNDS PAOA

Alcalde de Isla de Pascua

La mejor opción es la de aumentar el padrón de constituyentes. Y en ese aumento incluir a los representantes de los pueblos originarios, como nosotros (aimaras)”.

TOMÁS LARA CHOQUE

Consejero Aimara por Putre

Líderes de pueblos originarios evidenciaron su división respecto de la participación de sus respectivas etnias en el proceso constituyente, que partiría tras el plebiscito del 26 de abril si la opción que promueve una nueva Constitución obtiene la mayoría de las preferencias.

En ese mismo referendo, los votantes decidirán si prefieren una convención constitucional (con todos sus integrantes elegidos) o una convención mixta (que esté conformada por parlamentarios y miembros electos). En tanto, respecto de los porcentajes de representación indígena, existen propuestas para incluir entre nueve y 18 cupos fijos en el proceso de redacción de la Carta Magna.

En forma independiente a la cantidad que se defina para los nueve pueblos reconocidos por la Ley Indígena (mapuche, aimara, atacameño, quechua, rapanui, colla, diaguita, yagán y kawéskar), algunos líderes ya anunciaron que no se incorporarán a la convocatoria.

El lonco Alberto Curamil, quien este año ganó el Premio Goldman por su defensa del medio ambiente y que fue absuelto en un proceso judicial desarrollado en Temuco, en conversación con “El Mercurio” advirtió que “si bien parece importante buscar una participación dentro de lo que ocurre a nivel del país, la institucionalidad que se está dando no nos representa”. Argumenta que “para nosotros, previo a cualquier cambio constitucional, está la ratificación de nuestro territorio y la reivindicación de los espacios que han sido vulnerados por el Estado chileno”.

Sin embargo, el representante mapuche aclara que cada comunidad es autónoma de decir si participa o no en este proceso y descarta hacer un llamado a rechazarlo o boicotearlo. “Existen comunidades que creen en las instituciones chilenas y si ellos quieren ingresar ahí, nosotros no nos podemos oponer”, opina.

Más radical se observa la posición del encargado de Asuntos Internacionales del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, quien resta toda legitimidad al mecanismo y asegura que los partidos políticos de centroderecha “aplicaron la doctrina de la negación con el pueblo mapuche en el proceso constituyente chileno”. Llamó a los mapuches a “no participar” y a “desconocer lo que se resuelva”.

En esa misma dirección, la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) ha reiterado durante este último año su decisión autonomista respecto del Estado y su rechazo a participar en su institucionalidad. Hace algunos meses, en la presentación del libro “Pensamiento y acción de las Organizaciones de Resistencia Territorial de la CAM”, su vocero, Héctor Llaitul, recalcó que la organización está por la “resistencia al Estado chileno, por la autonomía como pueblo y el control territorial”.

Entre los que sí manifiestan su disposición a sumarse al proceso se cuenta el Consejo Político Mapuche. Su vocera, Virna Cayupi, expone que “estamos de acuerdo con la participación de los pueblos originarios, tanto en el proceso constituyente como en la futura Carta Fundamental”. Respecto del mecanismo, no aventura fórmula y es partidaria de que este sea “consensuado en instancias legislativas”.

También desde la vereda de los que respaldan la inclusión de los pueblos originarios, la vicepresidenta de la Corporación de Profesionales Mapuches Enama, Carolina Huenupán, expone: “Es una necesidad que los pueblos indígenas estén representados en esta discusión”. Además, postula que, a partir de los datos del Censo 2017, “pedimos para los nueve pueblos, como mínimo, un 10% de la representación de constituyentes. Si son 155, debemos tener 15, de los cuales ocho debieran ser mapuches”, plantea.

En cambio, para el abogado y vicepresidente de la fundación intercultural Aitué, Carlos Llancaqueo, “deben establecerse escaños reservados”, mediante un padrón especial elaborado por el Servicio Electoral (Servel). Para ello, propone que se elijan 15 representantes (cinco mapuches, dos aimaras, dos diaguitas y uno para cada uno de los otros seis pueblos originarios restantes), tal como funcionará, de manera permanente, el futuro Consejo de Pueblos, cuyo proyecto de ley está en trámite.

Una mayor participación, en tanto, es la que reclama la Asociación de Municipios con Alcaldes Mapuches (Amcam). El jefe comunal de Tirúa, Adolfo Millabur, también apela a los resultados del censo para definir la participación indígena y exige el 12,8%. “Eso significa 22 escaños y sería el piso mínimo que estamos planteando”, expresa, y si bien reconoce que “el método no está resuelto”, asume que “habrá que discutirlo en el Congreso”.

DESCONFIANZA

El aimara Tomás Lara Choque y la atacameña Ada Aramaño denunciaron “falta de información” en algunas comunidades.

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La jurisprudencia internacional

La presencia de los pueblos originarios en la elaboración de una nueva Constitución de Chile tiene su fundamento en lo que el abogado y experto en legislación indígena Carlos Llancaqueo define como el principio de “participación efectiva” que consagra el derecho internacional. Desde que el Estado chileno suscribiera el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes”, este se entiende incluido en el artículo 5°, inciso 2°, de la Carta Fundamental, que se refiere a los tratados internacionales y al cumplimiento que de ellos deben hacer los órganos del Estado.

El Convenio 169, prosigue Llancaqueo, establece la obligación de los gobiernos de “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”, lo que incluiría un cambio constitucional.

A lo anterior, el presidente de la Corporación de Profesionales Mapuches Enama, Hugo Alcamán, argumenta que “el reconocimiento que deben tener los pueblos originarios en una nueva Constitución se funda en que esta es un contrato que regula las relaciones de la sociedad”. Para Alcamán, la actual Constitución “considera a todos los ciudadanos como iguales y no reconoce el derecho a la diferencia cultural y jurídica, lo que colisiona con la multiculturalidad de Chile”. Agrega que “los pueblos originarios estamos reconocidos como legítimamente diferentes por la jurisprudencia internacional (ONU, OEA y OIT), convenios y acuerdos que el Estado de Chile ha suscrito o ratificado”. Dice que esa situación “nos obliga, ineludiblemente, a participar de forma activa en la redacción del nuevo texto”.

Reforma constitucional se tramitará a principios de 2020 en la Cámara Alta:

Paridad de género y cupos para pueblos originarios tendrían apoyos oficialistas suficientes en el Senado

Se requieren 26 votos para aprobar la propuesta, de los cuales se consideran 24 de la oposición, más los de Felipe Kast (Evópoli) y Manuel José Ossandón (RN).

RIENZI FRANCO

El penúltimo día del año, la Cámara Alta sesionará en Valparaíso, según se anunció. Ese día coincidirá con la tramitación de los proyectos sobre paridad de género, escaños reservados para los pueblos originarios y listas de independientes para ser parte de un futuro proceso constituyente.

Las propuestas fueron aprobadas en primer trámite en la Cámara de Diputados con el apoyo de Evópoli y Renovación Nacional. El respaldo, sin embargo, provocó el reclamo de la UDI, argumentando no estar de acuerdo con el impulso del proyecto por parte de las colectividades del bloque que integra.

El que se haya aprobado un mecanismo de corrección de resultado es lo que no agrada a la UDI. El senador del partido, Juan Antonio Coloma, dijo anteayer que cree en un voto, un ciudadano, desechando así la propuesta.

El tema originó una controversia en Chile Vamos con el cruce de declaraciones de los presidentes de los partidos oficialistas; pero las recriminaciones podrían continuar, porque en la Cámara Alta el proyecto contaría con el respaldo de dos senadores del sector: Felipe Kast (Evópoli) y Manuel José Ossandón (RN).

“En el Senado espero trabajar para mejorar los proyectos aprobados en la Cámara. Sin retroceder en los avances que se han dado en materia de pueblos originarios, mujeres e independientes. Por ejemplo, impedir que salgan elegidas personas con menos del 5% de los votos o explorar la posibilidad de utilizar listas cerradas para obtener la paridad”, explicó Kast. Y el presidente de Evópoli, Hernán Larraín Matte, confirmó el respaldo del partido al proyecto en la Cámara Alta mediante el voto del senador Kast.

El senador Ossandón, además, anunció que también presentará indicaciones a la propuesta para mejorar su implementación y escribió en redes sociales que la “paridad de género, con el contexto y la deuda histórica que existe con las mujeres, no puede ser considerado un acto antidemocrático. Sí a la paridad de género”.

Para el senador RN Andrés Allamand, en tanto, es relevante “hacer un gran esfuerzo para tener un planteamiento común, primero en RN y luego en Chile Vamos. La propuesta de independientes es razonable; la de escaños para pueblos originarios hay que trabajarla desde cero, y la de paridad tiene serios problemas conceptuales, ya que al intervenir los votos ‘en urna' en algunos casos genera resultados injustos que distorsionan la voluntad ciudadana”.

De ratificarse el apoyo de Kast y Ossandón, la reforma constitucional contaría, entonces, con los 26 votos requeridos al sumarse a los 24 de la oposición. De esa manera se podría convertir en ley en 2020.

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