Martes 14 de Enero de 2020

Venezuela:

EE.UU. sanciona a disidentes de la oposición

Luis Parra y otros seis diputados fueron penados por el intento de controlar el Parlamento.

El gobierno del Presidente Donald Trump sancionó ayer a siete diputados disidentes de la oposición venezolana que encabezaron un intento fallido de controlar la Asamblea Nacional (AN) de manera ilegítima y bloquear la reelección del líder opositor Juan Guaidó.

La Oficina para el Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro impuso las penalizaciones a Luis Parra (quien asumió como titular de la AN en lugar de Guaidó), José Gregorio Noriega, Franklyn Duarte, José Brito, Conrado Pérez, Adolfo Superlano y Negal Morales por sus “acciones que socavan la democracia”.

El 5 de enero, las fuerzas de seguridad controladas por el Presidente Nicolás Maduro impidieron que Guaidó y unos 100 delegados ingresaran al Palacio Legislativo. Mientras, un pequeño grupo de diputados disidentes de la oposición, alineados con el chavismo, “intentó obstruir el proceso constitucionalmente ordenado y, en cambio, celebró una elección fraudulenta sin quórum”, dijo el comunicado.

Los sancionados se defendieron. “Resulta inaceptable que países extranjeros pretendan condicionar la actuación y la libertad de conciencia de nuestros parlamentarios”, dijeron Parra y los otros sancionados en un comunicado.

La europeísta que quiere recuperar el lugar de España en el mundo

La ex subsecretaria general de la ONU buscará combatir los aranceles de Trump, despejar las dudas sobre Gibraltar y potenciar las relaciones con Latinoamérica.

Amanda Marton Ramaciotti

La española Arancha González Laya suele decir que su vocación hacia los asuntos europeos comenzó cuando era muy joven, incluso antes de que su país entrase a la Unión Europea (UE), en 1986. Ahora, como nueva ministra de Relaciones Exteriores del gobierno del socialista Pedro Sánchez, tiene —en sus propias palabras— la “oportunidad de posicionar a España en el lugar que le corresponde en la UE y en el mundo”.

“Comenzamos una nueva etapa. Spain is back, Spain is here to stay (España está de vuelta, España está aquí para quedarse)”, afirmó González Laya (San Sebastián, 1969) al juramentarse como canciller ayer y explicar que optó por hablar en inglés porque “así nos van a entender alto y claro en todo el mundo”. La jefa de la diplomacia española —que se declara independiente— también sostuvo que este es el momento “perfecto” para articular una acción exterior “más acorde con los tiempos” y se comprometió a “defender sin complejos los valores de la democracia, el respeto a los derechos humanos, el multilateralismo al servicio de la paz y las personas, el planeta y la prosperidad”.

Políglota, formada en Derecho por la Universidad de Navarra y con un posgrado en Derecho Europeo en la Universidad Carlos III, González Laya cuenta con una amplia experiencia en las instituciones europeas y en comercio internacional, lo que, según expertos, será clave en su gestión como canciller.

Entre los principales desafíos de la ex subsecretaria general de la ONU estará restituir la reputación exterior española dañada tras el desafío independentista catalán. “Será fundamental que la ministra pida ante la UE el respeto a la justicia española, especialmente cuando los separatistas Carles Puigdemont y Antoni Comín ya tomaron posesión de sus escaños en el Europarlamento”, comentó a “El Mercurio” Jaime Ferri Durá, cientista político y académico de la Universidad Complutense de Madrid. Aunque están procesados por sedición y malversación de fondos públicos por haber organizado el referéndum independentista ilegal de 2017, ambos gozan de inmunidad.

“La canciller, además, dará un protagonismo económico a la diplomacia española”, añadió Ferri Durá. Ex directora ejecutiva del Centro de Comercio Internacional —la agencia de desarrollo conjunta de la ONU y de la Organización Mundial de Comercio—, González Laya tendrá que combatir los aranceles que el Presidente estadounidense, Donald Trump, pretende imponer a miles de productos europeos, entre ellos el aceite de oliva, el vino, el queso y los cítricos españoles, como represalia por los subsidios europeos a Airbus.

Por otro lado, González Laya buscará despejar la futura relación que tendrá Gibraltar (territorio británico en el sur de España, reclamado por Madrid) con la UE después del 31 de enero, cuando se llevará a cabo el Brexit.

“Deberíamos mejorar mucho más nuestras relaciones de cooperación con América Latina. En ese sentido, la canciller debe hacer que España vuelva a ser un interlocutor privilegiado de la UE con esa región”, afirmó a este diario Cesáreo Rodríguez-Aguilera, académico de la Universidad de Barcelona, especializado en partidos políticos e integración europea.

González Laya tendrá que hacer frente a la tensión diplomática con Bolivia. En diciembre, una misión española acompañada de policías realizó una visita a la embajada de México en La Paz, donde están asilados varios exfuncionarios del expresidente Evo Morales. La acción fue calificada por el gobierno interino de Jeanine Áñez como un “atropello” a su soberanía y provocó la expulsión de los diplomáticos españoles en La Paz, a lo que España respondió recíprocamente.

De igual forma, se espera que la canciller aclare la postura de España sobre Venezuela, ya que, aunque el gobierno de Sánchez reconoce al líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como Presidente encargado, el excanciller Josep Borrell (actual alto representante de Política Exterior de la UE), destacaba que debido al gran número de españoles que residen en Venezuela no podía romper vínculos con el régimen chavista de Nicolás Maduro.

Polémica por la nominación de la ministra de Justicia saliente como fiscal general

Cuestionan que la designación de Dolores Delgado podría politizar el sistema judicial.

El Mundo y agencias

La decisión del Presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, de nombrar a la hasta ayer ministra de Justicia, Dolores Delgado, como nueva fiscal general del Estado desató una ola de críticas en el país.

La movida supone una decisión sin precedentes que le permitirá a Delgado saltar directamente del Poder Ejecutivo a la cúpula del Ministerio Público, donde podría controlar, entre otros asuntos, la fase de ejecución de la sentencia del procés independentista en Cataluña al dirigir la labor de los fiscales del caso.

Teresa Peramato, de la Unión Progresista de Fiscales —de la que era miembro Delgado antes de ser ministra—, dijo que la decisión de Sánchez “puede provocar reticencias”. Por su parte, la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, afirmó que se trata de “ una manera muy clara de indicar que el gobierno quiere tener sometida a la fiscalía”.

La medida “no transmite una imagen buena de imparcialidad” y perjudica la “credibilidad” de los ciudadanos en la institución y en la justicia, afirmó el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jorge Fernández Vaquero.

El presidente del Partido Popular (PP), Pablo Casado, anunció que recurrirá el nombramiento y abogó por la “despolitización” de la justicia. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy la propuesta de nombramiento de Delgado en sustitución de María José Segarra. El consejo general del Poder Judicial examinará el jueves su idoneidad para el cargo.

El exmandatario dijo que las convocaría si retorna a Bolivia:

Gobierno interino critica a Morales por proponer milicias populares

El Ejecutivo pidió a Argentina, donde está asilado, que no permita que el expresidente “realice llamados a la violencia”. También hubo críticas desde el MAS.

Agencias

Millonarios pagos por videos

El gobierno del expresidente Evo Morales pagó 1,3 millones de euros (más de US$ 1,4 millones) a la consultora mexicana Neurona Consulting, entre 2017 y 2018, para hacerse cargo de su “comunicación estratégica” en internet, según una investigación del diario español El Mundo.

La consultora, afirma el periódico, también trabajó en 2019 con el partido español Podemos (izquierda), liderado por el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias. La publicación detalló que los servicios —para los que no hubo licitación— consistieron en piezas gráficas, dos documentales y 169 videos de animación y spots de entre 30 y 120 segundos. Además se cobró por conceptos como “identidad gráfica” y “transmisión del conocimiento”.

Las declaraciones del expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019), en que aseguró que si retorna a su país convocará milicias populares como las de Venezuela, fueron rechazadas tajantemente por el gobierno interino de Jeanine Áñez, que las calificó como un intento de sembrar el terror y pidió a Argentina —donde el exmandatario tiene asilo— que no permita esas afirmaciones.

“Las declaraciones de Morales solo demuestran que la paz, la reconciliación y la democracia nunca fueron opciones para él”, tuiteó Áñez, una senadora que asumió interinamente luego que Morales renunciara en noviembre pasado, entre denuncias de fraude electoral en los comicios de octubre, que le daban la reelección.

“Ante la intención de sembrar terror y violencia solo encontrarán al pueblo boliviano unido. Y frente a las amenazas, nuestra más profunda vocación democrática”, añadió.

En tanto, la Cancillería también hizo un llamado al gobierno del peronista Alberto Fernández en Argentina, que ha concedido refugio al exmandatario boliviano. “Argentina no debe permitir que Morales realice llamados a la violencia, odio, discriminación o subversión”, señala un comunicado de la Cancillería boliviana.

Por otro lado, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, aseguró que “el pueblo no quiere enfrentamientos entre bolivianos, sino más bien buscar una salida democrática e ir a las urnas este 3 de mayo”, sobre unas elecciones presidenciales que serán las repeticiones de las de octubre, para las cuales el Movimiento Al Socialismo (MAS) de Evo aún no ha definido un candidato.

Las declaraciones del expresidente fueron dadas a conocer en un audio publicado por Kawaschun Coca Trópico, una radio de los cocaleros de Chapare, bastión del MAS.

El exmandatario —sobre quien pesa una orden de detención internacional— reafirmó su postura en una entrevista con Reuters. “Si las Fuerzas Armadas están metiendo bala al pueblo, matando al pueblo, el pueblo tiene derecho a organizar su seguridad”, dijo Morales, que acusa un golpe de Estado.

A pesar de ello, las críticas también llegaron desde el MAS. La presidenta de Senado, Eva Copa, expresó que no los dichos son adecuados: “No creo que la violencia se solucione con violencia”. Y su colega, el senador Omar Aguilar, pidió al exmandatario tener mayor cuidado con sus dichos.

Esas declaraciones no fueron el único frente de tensión en la jornada entre Morales y el gobierno interino. Las autoridades retiraron ayer un busto del expresidente de los alrededores de un polideportivo en la localidad de Quillacollo, en el departamento de Cochabamba. El recinto que llevaba el nombre del expresidente ahora se llamará “Polideportivo Olímpico de Quillacollo”.

Cambio climático:

Canal de Panamá cobrará a clientes por uso de agua dulce

Por primera vez en su historia, el Canal de Panamá cobrará a sus clientes navieros por el uso de agua dulce durante su tránsito, como parte de las acciones para enfrentar la crisis por la reducción de las lluvias que impactan al lago Gatún, principal fuente de agua para consumo humano de casi la mitad de los panameños y la operación marítima, informó la administración del canal.

No es el primer canal que aplica esta medida, según los operadores de la vía. Pero, es una medida llamativa empujada por los efectos del cambio climático, que ha redundado en menos lluvias sobre la cuenca hidrográfica del canal y un calentamiento de las temperaturas que evaporan más rápido los niveles de los lagos.

El cargo será aplicado desde el 15 de febrero a los buques de más de 125 pies de eslora, y tendrá un “componente fijo” de 10 mil dólares “por tránsito”, más un “componente variable” que dependerá del nivel de agua del lago Gatún.

Informe de ONG:

Cuba tiene la tasa de reclusos más alta del mundo

Las cárceles de Cuba albergan más de 90.000 personas, lo que equivale a 794 reclusos por cada cien mil habitantes, que sería la tasa más alta del mundo, según la ONG Prisoners Defenders.

El presidente de la organización, el español Javier Larrondo, dijo que se trata de datos “oficiales” de la Dirección General de Prisiones de Cuba y otras fuentes a las que tuvo acceso esta organización. De esos más de 90.000 presos, según la ONG, 38.000 “carecen de antecedentes penales”. Otras 37.458 personas están en situaciones de “control judicial y policial”, como arrestos domiciliarios. De los denominados “antisociales” por “comportamiento contrario a la moral socialista”, 8.400 están condenados en procedimientos “inquisitoriales” a penas medias de 2,5 años de prisión y 2.500 recluidos “domiciliariamente o con trabajos forzados”. Larrondo calculó que los presos disidentes y opositores pueden ser unos mil de esos 8.400 condenados.

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