Sábado 21 de Noviembre de 2020

Letargo del sistema legal

La situación fomenta la informalidad, la precariedad y el atropello de derechos.

Tras nueve meses de teletrabajo y restricciones a la movilidad, es necesario poner atención a la formidable cantidad de actuaciones indispensables para la conservación y funcionamiento del orden legal y administrativo. Hoy es imposible obtener vía web o telefónicamente hora en el Registro Civil para renovar la cédula de identidad y cabe preguntarse cuántos trámites de registro, actualización, regularización y autorización administrativa están siendo simplemente preteridos y reemplazados por la informalidad. En el nivel local, y más allá de las diferencias entre los municipios, la concentración de los recursos económicos y humanos en el combate de la pandemia y sus consecuencias, junto con las restricciones de jornada de los funcionarios, han hecho que los trámites presenciales, desde asuntos urbanos hasta la renovación de las licencias de conducir, tomen mucho más tiempo o se conviertan en impracticables para grupos relevantes de personas.

Algo análogo puede decirse del funcionamiento del sistema de justicia. Pese a que los tribunales han adoptado medidas tendientes a mantener en marcha los servicios, la falta de presencialidad y las limitaciones del trabajo a distancia han ido provocando un retraso gigantesco en los procesos, sin considerar siquiera aquellos que, debiendo haberse iniciado, han sido postergados o simplemente descartados por los afectados debido a las circunstancias. Procesos que ya eran lentos y que, por eso, estaban en el foco de una reforma procesal civil, se encuentran desde hace meses atascados debido a las dificultades objetivas, pero también a la forma en que los operadores, abogados y funcionarios están lidiando con ellas. En lo penal, todo indica que muchos juicios orales seguirán postergándose o alargándose por mucho más tiempo de lo razonable, no obstante —o precisamente a causa de— la presencia de acusados privados de libertad, al amparo de la jurisprudencia reciente del Tribunal Constitucional. Los efectos ocultos de esta paralización relativa son mucho más temibles: el impacto en la calidad de las investigaciones policiales, en el trabajo de los peritos de los organismos auxiliares, como el Servicio Médico Legal; los espacios para la justicia negociada a costa de los derechos del imputado o, por el contrario, del necesario ejercicio de la potestad punitiva del Estado conforme a la ley.

La ralentización y, en algunos casos, el verdadero letargo en que se encuentran las instituciones administrativas y judiciales respecto del cumplimiento de sus funciones propias tienen serias repercusiones en cuanto a la certeza jurídica, al tiempo que fomentan la informalidad y la precariedad, pero también el atropello de los derechos. Todo ello debe ser cuidadosamente cuantificado y analizado para adoptar desde ya las medidas necesarias para minimizar esos efectos. Pues allí donde el sistema, por las razones que sea, no está en condiciones de proteger los derechos con eficacia, termina imperando sin contrapesos la ley del más fuerte.

Laicismo francés y libre expresión

El gobierno teme que ciertas expresiones extremas vayan ganando terreno en sectores azuzados por clérigos fundamentalistas.

Emmanuel Macron no cede en su ofensiva por detener el islamismo radical en Francia, que, por medio del terrorismo, busca coartar libertades garantizadas por los países democráticos.

La libertad de expresión es un derecho consagrado en las sociedades occidentales, y en Francia la secularización es una marca de identidad y unidad nacional. Macron ha defendido la publicación de caricaturas satíricas de Mahoma, y ha señalado que no renunciará a los “valores esenciales” por miedo a los atentados terroristas.

Una sociedad secularizada como la francesa da espacio para el desarrollo de todos los credos, en el entendido de que cumplan las reglas generales, y que ningún movimiento religioso se parapete en sus creencias para violar las leyes. El asesinato de un profesor francés, acosado en las redes sociales por explicar que publicar caricaturas de Mahoma es parte del derecho a la libre de expresión, deja en evidencia hasta qué punto llegan los islamistas radicales con su voluntad de censurar una sociedad democrática.

Cinco millones de musulmanes forman la segunda religión en Francia, y ciertamente no todos ellos siguen su versión más radical, pero el gobierno teme que ciertas expresiones extremas vayan ganando terreno en sectores marginales, azuzados por clérigos fundamentalistas.

El miércoles, el Presidente dio un ultimátum a los líderes del Consejo Francés de Culto Musulmán para que acepten una “Carta de valores republicanos”. Para Macron, es inaceptable una “ideología que clama que sus leyes son superiores a las de la República”. La Carta obligará a los imanes a pedir acreditaciones —que pueden ser retiradas— y consagra dos principios: que el islam es una religión y no un movimiento político, y que está prohibida la interferencia extranjera en los grupos musulmanes franceses. Esto, apuntando a que habría gran influencia de clérigos extremistas extranjeros o formados en el exterior.

Hace un mes, cuando Macron advirtió sobre el “separatismo islámico” y el intento por formar una “contrasociedad”, al margen de las reglas de la sociedad francesa, hizo el anuncio de un proyecto de ley que fortalecería la laicidad. Aclaró que no estigmatizará a los musulmanes, sino que “fomentará la habilidad de vivir juntos”.

El proyecto, que se espera sea aprobado el 8 de diciembre en el consejo de gabinete, incluye normas que restringen la educación en los hogares, salvo por problemas de salud; multas para los padres que no manden a los hijos al colegio, un monitoreo más estricto a las escuelas religiosas y al financiamiento de las mezquitas, y terminar con la formación de imanes fuera de Francia. Detrás de estas medidas —que no dejan de presentar aspectos controvertidos, pues también pueden implicar una restricción de libertades— está la convicción de que para una convivencia armónica en una sociedad democrática plural es vital formarse en la cultura común, la de los “valores franceses”.

Transmisiones del mando

El país debe girar conforme a sus intereses personales; su promesa “América primero” resultó otra falsedad.

El narcisismo del Presidente Trump no tiene límites. Donald Trump Junior, su hijo, recuerda haber oído, de su madre, que su padre se opuso a que lo bautizaran con su mismo nombre, por el riesgo de que su homónimo resultara un perdedor, uno de los insultos favoritos de Trump.

Ahora el perdedor es el Presidente, aunque no lo reconozca y probablemente nunca aceptará la derrota electoral. Peor, está decidido a obstaculizar la transición y la instalación del mandatario electo, Joe Biden. Más aún, muchos sostienen que Trump pretende volver a postular el 2024. Dispone de varias decenas de millones de seguidores que le permiten controlar una parte considerable de su partido y amenazar al resto con la división de los republicanos, con su eventual candidatura independiente en la siguiente elección presidencial.

Los daños que está causando Trump son incalculables. Su país experimenta diariamente sobre mil muertos y cien mil contagiados por el covid-19; la logística de la distribución de la vacuna para contener la pandemia requiere una inminente y compleja gestión, y tardará varios meses; los fondos federales para aliviar la contingencia sanitaria se están agotando; debería convenirse con la oposición para renovarlos próximamente. Estados Unidos es y seguirá siendo gravitante en los acontecimientos mundiales, enfrenta permanentes amenazas a su seguridad, mantiene frentes bélicos. Todo aquello parece dejar a Trump indiferente, es epicentral: el país debe girar conforme a sus intereses personales, su promesa “América primero” resultó otra falsedad.

Contribuir a la continuidad en la gestión de los gobiernos es un deber compartido de las autoridades salientes y las nuevas. Las políticas de Estado y los servicios no pueden interrumpirse abruptamente por cambios de personas. Más allá de las discrepancias políticas y en sus agendas, las nuevas autoridades deben ser previamente informadas del funcionamiento de los medios disponibles, les corresponde conocer los riesgos en curso y la situación en que se asumen altas responsabilidades.

El grotesco comportamiento de Trump no hace descartable que no concurra a la inauguración del Presidente Joe Biden el 20 de enero en el Capitolio. Así ocurrió con la entonces Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que no asistió cuando asumió el Presidente Mauricio Macri. Oportuno es recordar la impecable transmisión del mando del gobierno del Presidente Pinochet al del Presidente Aylwin. A pesar de las grandes diferencias que los separaban, Chile estuvo primero y fue una buena partida del retorno a la democracia.

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Errores previsionales

El debate técnico previsional parece haber quedado transversalmente dejado de lado. La izquierda dura busca terminar con el sistema actual sin ofrecer una alternativa sustentable, y la centroderecha no muestra un liderazgo con convicción en esta materia. Las personas sufrirán los costos.

Los problemáticos cambios propuestos en materia de pensiones ilustran la difícil relación entre Congreso y Gobierno. Aunque los sectores parlamentarios que apuestan a desmantelar el actual sistema evitan en general explicitarlo, los proyectos de reforma constitucional que permiten drenar los ahorros previsionales se han transformado en una poderosa herramienta para ese objetivo. El Ejecutivo, por su parte, ha elaborado un intrincado plan para detener los inconstitucionales avances parlamentarios en iniciativas propias del Presidente de la República. Su estrategia, sin embargo, aún no termina de ordenar a los suyos.

Dos fórmulas, similar resultado

En paralelo a la moción parlamentaria que autoriza un segundo retiro, este miércoles el oficialismo presentó su propio proyecto. Aunque similar a la propuesta de la oposición en cuanto al porcentaje permitido —10%—, las diferencias son considerables. Contrariamente a la iniciativa parlamentaria, que legitima el retiro universal de hasta 150 UF, el texto del Ejecutivo limita el monto máximo a 100 UF y el número de receptores a aquellos contribuyentes activos cuyas rentas no superen los $ 2,9 millones y cuyas remuneraciones no estén reguladas por el artículo 34 (bis) de la Constitución —senadores, diputados, gobernadores y funcionarios de confianza del jefe de Estado—. En garantía de lo anterior, al momento de la solicitud deberá completarse una declaración jurada, sujeta a revisión de las aseguradoras, por lo que el depósito de los dineros podría tardar hasta el doble del plazo sugerido por la oposición.

Las divergencias no terminan ahí. Entre otros puntos, el nuevo proyecto dispone que los montos percibidos serán tributables en los tramos correspondientes y que, en cualquier circunstancia, los dineros deberán ser reintegrados mediante una cotización adicional. Por eso, la iniciativa implicaría un impacto más bajo en las arcas públicas: US$ 1.763 millones menos que el costo fiscal de la moción parlamentaria —US$ 2.254 millones versus US$ 3.917 millones, según cifras de Hacienda—. Ello supone una importante ventaja. Sin embargo, lo que no se considera es el inmenso costo que significará para la población haber retirado ahorros estimados en 11 mil millones de dólares, por más que una parte de ellos sea repuesta en el tiempo. Así, si bien esta estrategia parece superior, el resultado tiene similitud: los fondos de pensiones de los trabajadores serán nuevamente podados.

La reforma sin forma

Y mientras se debaten públicamente las modalidades de retiro, la discusión de una reforma a las pensiones parece realizarse a puertas cerradas. Un elemento que puede generar desacuerdo es la posibilidad de afectar la organización del sistema. Es un tema de suma dificultad técnica que, mal diseñado, podría terminar configurando una muy equivocada política pública. Ante las dificultades que se observan en el sistema político para abordar debates complejos, preocupa la posibilidad de una innovación improvisada.

Por otra parte, si bien la idea de aumentar la tasa de contribución en 6 puntos parece tener transversal apoyo, su distribución y destino generan diferencias. Atrás parece haber quedado la opción de dividir estos 6 puntos en dos partes iguales, destinando 3 a cuentas individuales de ahorro contributivo y otros 3 a un sistema de reparto. Ahora, producto de la presión de la izquierda y la escasa convicción del oficialismo, distintos trascendidos indican que el componente de reparto sería financiado con un impuesto al trabajo de 4 puntos de cotización, mientras que los otros 2 serían destinados a un sistema de cuentas nocionales que, convenientemente diseñado, puede ser conceptualizado también como reparto.

Tal estructura, por cierto, facilitaría la aprobación de una reforma, toda vez que se acerca a las propuestas de la oposición. Sin embargo, significaría un error técnico importante. Frente a un Congreso que muestra una preocupante deriva hacia el populismo, la constitución de un fondo de reparto solo puede implicar mayores incentivos para hacerlo crecer, acelerando así la bien sabida inestabilidad de estos sistemas. Y es que la evolución es conocida: mayores impuestos al trabajo, el redireccionamiento del flujo de ahorro desde las cuentas individuales a un fondo común y el riesgo de la utilización de ese stock de ahorros previsionales para otros fines han sido realidades en países cercanos. Ante ese riesgo, cabe preguntarse si un cotizante racional no apoyará con más fuerza el retiro actual de sus fondos.

Pero, además, la claudicación frente a la posibilidad de destinar la mayor parte de un nuevo aporte previsional a las cuentas individuales puede ser un error político. Las encuestas han demostrado una y otra vez la mayoritaria preferencia de las personas para que sus esfuerzos de ahorro vayan a cuentas individuales. La población también entiende que el pilar solidario debe existir, pero financiado con ingresos generales. Es difícil entonces comprender la obnubilación política en avanzar con 6 puntos íntegros a reparto o alguna fórmula encubierta de similar resultado. La técnica no lo recomienda y la gente no lo prefiere.

Mirar

Cuando devaneo en algún respecto, me gusta recurrir al diccionario de la Academia para vislumbrar ciertos derroteros. Es como coger un hilo que flota en alguna parte para dejarse conducir por él. Sin embargo, confieso que muchas veces no es más que el afán de seguir devaneando. Así, por ejemplo, con el verbo que titula esta columna, respecto del cual el ilustrísimo ateneo dice en su primera acepción: “Dirigir la vista a un objeto”. En términos literales se refiere a la función del globo ocular, aunque metafóricamente sirve muy bien al “devaneo en algún respecto”.

La segunda acepción no viene hoy muy al caso, aunque puede ser asaz útil para continuar perdiendo el tiempo en elucubraciones: “Observar las acciones de alguien”. Vaya, vaya…

Pero son la tercera, cuarta y quinta acepción las que (me) resultan hoy más interesantes: “Revisar, registrar. / Tener en cuenta, atender. / Pensar, juzgar”. Son todas hermosas metáforas muy abiertas y hasta ambiguas para una palabra —o más bien utilizando una palabra— que en realidad designa una operación muy concreta. He aquí una de las maravillas del lenguaje y de la semántica: cómo podemos pasar de lo más áspero a lo más mullido, de lo rudo a lo esponjoso, de lo adusto a lo elástico. Mirar y pensar, mirar y revisar, mirar y tener en cuenta… En algo se cuela aquí también la memoria, para quien la misma Academia guarda el siguiente descriptor: “Facultad psíquica por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado”. O tempora, o mores!

B. B. Cooper

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