Miércoles 13 de Enero de 2021

Irresponsable postergación del TPP

Argumentar las divisiones en la oposición para obstaculizar este debate da cuenta de una subordinación a presiones políticas y cálculos.

Considerable daño causa a los intereses nacionales, al empleo y producciones chilenas, y a la competitividad y prestigio internacional del país la incomprensible postergación del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, conocido como TPP11, el más inclusivo y mayor acuerdo comercial promovido por Chile, que ha dejado pendiente la presidenta del Senado, con respaldo de senadores de oposición.

El procedimiento dilatorio desconoce la legítima calificación de urgencia presentada por el Gobierno, y desde esa perspectiva infringe la ley orgánica constitucional del Congreso y el reglamento del Senado. Asimismo, se contrapone con las buenas prácticas legislativas de anteponer el interés general por sobre otras consideraciones. Cabe reconocer que, en este difícil contexto, el Gobierno ha buscado mantener una actitud de diálogo que permita terminar con el bloqueo impuesto a la discusión. De hecho, el ministro de la Segpres, luego de reunirse ayer con la presidenta de la Cámara Alta, ha señalado la disposición del Ejecutivo para postergar la votación hasta marzo, pero declaraciones posteriores de la titular del Senado han relativizado también esa posibilidad.

Objetar la discusión inmediata del acuerdo argumentando la división que provoca en la oposición es contradictorio con su anterior y transversal aprobación en la Cámara de Diputados, y da cuenta de una subordinación a presiones políticas y cálculos electorales, por encima de las responsabilidades parlamentarias. A ello se suma la inconsecuencia de parlamentarios opositores que antes habían celebrado, promovido y apoyado el libre comercio y la apertura al Pacífico como políticas de Estado.

La objeción de exigir mayor tiempo y clarificaciones para el despacho de esta iniciativa se contrapone con la realidad, considerando que el tratado fue suscrito en marzo de 2018, en Santiago, en ceremonia encabezada por la expresidenta Bachelet y el entonces canciller Heraldo Muñoz. Su puesta en marcha quedó comprometida a la aprobación legislativa, inexplicablemente pendiente, ahora sine dia. Insólita es la propuesta de una senadora de postergar la discusión hasta contar con una nueva Constitución: equivaldría a aislar a Chile de las negociaciones internacionales durante un año y medio.

Pierden el país y los chilenos al restarse a mejores accesos y preferencias arancelarias para las exportaciones a un mercado de más de 500 millones de habitantes, segundo en importancia después del de China, superior al de la Unión Europea y al de los Estados Unidos. Ganan en competitividad sobre Chile países como Perú, Nueva Zelandia y Australia, y otros miembros de la asociación que ya aprovechan sobre tres mil nuevas facilidades arancelarias y positivos mecanismos de acumulación de normas de origen; estos fueron facilitados luego de que Donald Trump decretara la marginación de Estados Unidos por el rechazo a su propuesta de una veintena de disposiciones y numerosas restricciones inaceptables, eliminadas por sensibles para Chile y demás participantes. Paradójicamente, con la postergación del Senado se emite una señal que permite asociarnos al anacrónico proteccionismo y políticas comerciales del saliente Presidente norteamericano.

Comprensible es el desaliento y reclamo que esta dilación provoca en el sector exportador, empleador de cerca de tres millones de trabajadores, con decenas de miles de pequeños y medianos empresarios, aportantes de casi un tercio del producto nacional.

Los parlamentarios opositores del TPP11 y la mesa del Senado harían bien en revisar su decisión dilatoria, asumir sus responsabilidades y hacer realidad las oportunidades que ofrece este tratado al prestigio del Senado, producciones y trabajadores chilenos, la política comercial, la diplomacia y la imagen y confianza que merece Chile.

Se lo advertimos

—Su estado es crítico. El cigarrillo electrónico le ha causado tanto daño que hemos tenido que intervenirlo de urgencia para extraerle dos kilowatts del pulmón derecho.

Trump sin Twitter

No es ya evidente que las redes sociales sean solo un vehículo transmisor, sin responsabilidad por lo que difunden.

Muy temprano en su carrera política, Donald Trump se dio cuenta de la importancia de Twitter. Esa red social se convirtió en el principal medio para enviar mensajes a sus partidarios, llegando a tener 88 millones de seguidores. La decisión de la compañía de bloquear permanentemente su cuenta daña sus expectativas de seguir influyendo en la opinión pública. También abre interrogantes sobre el papel de las redes sociales y de las grandes empresas tecnológicas en la democracia y la defensa de los derechos individuales, especialmente la libertad de expresión, consagrada constitucionalmente.

Además de Twitter, también Facebook, Instagram, Twitch y hasta Amazon tomaron medidas contra Trump y sus partidarios, calificando de “peligrosos” sus mensajes que supuestamente “incitaban a la violencia”. Las grandes compañías de internet se amparan en la sección 230 del Acta sobre Decencia en las Comunicaciones, de 1996, que tuvo como objeto original eliminar la pornografía de la red. Permite a las empresas filtrar o eliminar “de buena fe” material considerado obsceno, ilegal u objetable, protegiéndolas a la vez de acciones legales de terceros. La ley dice que “ningún proveedor o usuario de un servicio de computador interactivo debe ser tratado como el editor de cualquier información provista por otro proveedor de contenido informativo”. Es decir, la plataforma sería un mero vehículo, o un muro donde se pegan mensajes. Es esta noción la que ya no parece del todo evidente.

El propósito de la ley fue promover el desarrollo de internet, pero hoy es objeto de cuestionamientos, por la falta de responsabilidad de estas plataformas y al mismo tiempo por la supuesta censura que aplican a algunos usuarios. En mayo pasado, Trump firmó una Orden Ejecutiva para revisar la ley porque las Big Tech habrían abusado de las protecciones legales, coartando la libertad de expresión. “Censuran opiniones con las que están en desacuerdo. Dejaron de actuar como distribuidores pasivos y deben ser considerados y tratados como creadores de contenidos”, señaló el documento.

El CEO de Parler, una red social partidaria de Trump que Amazon y otros sacaron el lunes de sus servidores, acusó a estas grandes compañías de “abuso de posición dominante” y aseguró que era un “ataque coordinado de los gigantes tecnológicos para matar la competencia en el mercado, dañar a Parler y ayudar a Twitter”.

En realidad, ya antes de los sucesos del Capitolio, muchos cuestionamientos a los gigantes tecnológicos tenían que ver con supuestas censuras a mensajes de contenidos “conservadores”. Se trata, sin embargo, de un debate que trasciende posturas ideológicas. En efecto, la decisión adoptada respecto de Trump sienta un precedente de alcances complejos, más allá de la antipatía que pueda despertar la figura del saliente mandatario.

Los dilemas que el tema plantea fueron bien resumidos por Angela Merkel, quien —por intermedio de su vocero— afirmó que los operadores de plataformas “tienen gran responsabilidad para que la comunicación política no se vea envenenada por la odiosidad, mentiras o la incitación a la violencia”. Sin embargo, añadió que “la libertad de opinión es un derecho fundamental” y desde ese ángulo “es problemático que las cuentas del Presidente de Estados Unidos hayan sido bloqueadas permanentemente”.

Agenda “antirrepresión”

Otra vez quedan patentes las dificultades para discutir con serenidad y sentido de Estado las materias de orden y seguridad pública.

Parlamentarios del Frente Amplio y otros sectores de izquierda han presentado un proyecto para derogar la Ley de Seguridad del Estado, la “ley antibarricadas” y el control preventivo de identidad por Carabineros. Todo esto, en el marco de una “agenda antirrepresiva”, pues —según los congresistas— dichas normas solo servirían para “neutralizar a los adversarios políticos, silenciar el derecho a la protesta social y estigmatizar a ciertos sectores de la población”. Se trata de afirmaciones tan categóricas como discutibles.

Desde luego, es paradójico que esos diputados pidan derogar, entre otras, la misma Ley de Seguridad del Estado cuya no aplicación fue uno de los fundamentos de la acusación constitucional contra el entonces ministro del Interior, Víctor Pérez, que ellos apoyaron. Pero, más allá de esa evidente incongruencia, tal vez lo más inquietante sea constatar las dificultades de una parte de la izquierda para abordar los problemas de seguridad y orden público, cual si el rechazo a la violencia y al quebrantamiento de la ley no fuera un fundamento del sistema democrático.

Revelador es que dentro de las normas a derogar se mencione la “ley antibarricadas”, también conocida como “ley antisaqueos”, de traumática historia para el Frente Amplio. Se trata de una iniciativa que —a la luz de los hechos ocurridos luego del 18 de octubre— buscó facilitar la persecución y sanción de diversas acciones de violencia. Originalmente, parte del Frente Amplio aprobó en general ese proyecto, si bien restándose de apoyar las normas que penalizaban las barricadas, acciones que el diputado Gabriel Boric incluso calificó como “legítimas expresiones de resistencia”. Tal reserva, sin embargo, no evitó que la izquierda más dura lanzara contra él y otros de sus correligionarios una avalancha de descalificaciones. Entonces, a la mañana siguiente, el mismo diputado y su compañero de coalición Giorgio Jackson subieron a Twitter sendos videos señalando su arrepentimiento por haber apoyado el proyecto; un mes después, al volver este a la Cámara en tercer trámite, rechazaron incluso las disposiciones que antes habían aprobado.

Ahora, el nuevo proyecto reabre ese debate, para derogar, en concreto, el artículo 268 septies del Código Penal, que es el que sanciona a quienes obstruyan la circulación en la vía pública por medio de la intimidación, la violencia o la colocación de obstáculos, así como a quienes lancen a personas o vehículos objetos contundentes. Aunque estas disposiciones pudieren parecer a muchos de sentido común, los autores del proyecto afirman que han sido usadas por la autoridad para “enviar un mensaje político a los manifestantes, para la abstención del ejercicio de su derecho a protesta”, y citan como ejemplo la detención en marzo de 44 presuntos miembros de la Primera Línea, grupo de choque protagonista de violentos incidentes en el sector de la Plaza Baquedano.

En cualquier caso, el despacho de la ley antisaqueos en enero de 2020 parece haber marcado un punto de inflexión en el Frente Amplio, según muestran diversas actuaciones posteriores de sus congresistas, como impulsar el proyecto de indulto a los imputados por los hechos de violencia ocurridos a partir del 18 de octubre o haberse negado a apoyar la ley de fuegos artificiales, pese a la abundante evidencia de su uso por grupos narcos.

Es en este contexto donde se ubica la iniciativa ahora presentada. No cabe duda de que muchos aspectos de la legislación en materia de orden y seguridad pública ameritan ser discutidos y corregidos. Es complejo, sin embargo, cuando, en lugar de un debate sereno, se parte de eslóganes que, junto con descalificar el marco normativo existente, pretenden equiparar su derogación con una suerte de cruzada “antirrepresiva”. Repetidas veces en este tiempo se ha cuestionado la ambigüedad de una parte de la izquierda frente al fenómeno violentista. El proyecto anunciado no solo entrega otra señal en ese sentido, sino que hace patente la dificultad para impulsar un diálogo fructífero respecto de las cuestiones de seguridad pública, sin transformar estas en otro factor de polarización, lo que torna especialmente complejo poder ofrecer una respuesta de Estado frente al desafío que ellas representan.

Oportunidad para la sensatez

Muy pocas cosas podrían haber justificado que Beatriz Sánchez y Carlos Ruiz, por una parte, y Patricio Zapata y Jorge Correa, por otra, integraran una misma lista.

Por fin. Ya tenemos claridad en las candidaturas a la Convención Constituyente.

Para quienes nos opusimos desde el primer momento al acuerdo del 15 de noviembre —y además votamos Rechazo— se abre ahora una segunda oportunidad de ofrecerle al país un camino de sensatez.

La izquierda moderada ha tenido que reconocer, por fin, que no era viable un intento por sumar y sumar hacia los siniestros confines. Las palabras y el tono vital de Heraldo Muñoz, aún más sombríos que lo habitual, lo han dicho todo. Han sido expresiones realistas, que han reconocido lo obvio: muy pocas cosas —quizás ninguna— podrían haber justificado que Beatriz Sánchez y Carlos Ruiz, por una parte, y Patricio Zapata y Jorge Correa, por otra, integraran una misma lista. No era viable, no fue posible.

Las consecuencias se apreciarán el 11 de abril, cuando los votos de oposición no solo se fraccionen entre las dos nóminas principales, sino que se vuelquen también en las listas “uno-coma-tres”, esas postulaciones de independientes que para desgracia de los candidatos opositores con más trayectoria, apelarán a un voto indignado, contrario a las postulaciones de los notables. Muchas personas que erróneamente suponían que serían Pedro, la Juanita, Diego y la Nancy quienes coparían las principales listas del Apruebo, decepcionadas, buscarán a sus desconocidos de siempre entre las marginales listas de independientes, y les marcarán preferencias suficientes como para potenciar las nóminas “uno-coma-tres” y dañar así las cifras repartidoras de las principales listas opositoras.

¿Cabe alguna duda de que todas aquellas listas marginales centrarán su campaña precisamente en la supuesta calidad de “genuinos hombres y mujeres del 18 de octubre” de sus candidatos, para distinguirlos de los así llamados “políticos de siempre”? El voto del segmento sub-35 iconoclasta puede ir a parar ahí de modo significativo.

Por su parte, las colectividades de Chile Vamos y el Partido Republicano han dado un muy buen primer paso.

La insistencia de José Antonio Kast dio sus frutos y a los tres partidos de gobierno se les debe agradecer que se hayan sumado al sentido común propuesto por el excandidato presidencial, haciendo la UDI, RN y Evópoli, en algunos casos, sacrificios de peso. Pero tampoco hay que exagerar. El Partido Republicano también aportó su cuota de renuncia: el 8% nacional de Kast, en un total de 186 candidatos del pacto, podría haber significado 15 postulantes, pero solo lleva 13. Y si ese 8% se lleva a la suma de la votación de Piñera y Kast en primera vuelta el 2017, fue en realidad un 18% de los votos del sector, o sea, habría correspondido a 33 candidatos. Tal como tenía que ser, los sacrificios los hicieron todos los miembros del pacto.

Generosos han sido también dos grupos que vale la pena destacar. Por una parte, esas personas que llevaban ya un buen tiempo alejadas de las contiendas electorales y que han decidido que tenían que volver. Los casos más significativos son los de los exdiputados Marcela Cubillos y Rodrigo Álvarez. Por otra, todos esos profesores universitarios e intelectuales —abogados constitucionalistas, filósofos, historiadores, etc.— que dejarán atrás la comodidad de la academia para patear calles y discutir en las redes. Bienvenidos sean Constanza Hube, Cristóbal Orrego, Fernando Peña, Luis Alejandro Silva y varios otros. Incluso, algunos han aceptado desafíos en distritos muy difíciles, porque todo Chile merece candidatos de jerarquía.

La generosidad siempre paga bien, pero ahora hay que trabajar muy en serio para cosechar sus dividendos.

Son apenas tres meses. Ya comenzaron a correr.

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Cualquiera se “equiboca”

Pensé una vez que esos traviesos duendes que se dedican a cambiar ideas, frases, letras y palabras en los diarios del mundo se habían extinguido, pero, ay, no es así. El avance tecnológico no los borró del mapa y viven aún agazapados en oscuros escondites de un periódico.

La frase aparecida en un diario años ha: “Los españoles trajeron a América sus cerdos religiosos”, provocó serios disgustos. Hubo que aclarar, con letras bien grandes, que la expresión correcta es: “Los españoles trajeron a América sus credos religiosos”. Una travesura de algún trasgo que pudo costarle la cabeza al autor de la nota.

Leo ahora la columna de un colega que admiro por su gracejo y erudición. Habla de los equipos de fútbol que suben a primera y luego descienden, van y vienen, y dice el colega: “…y en ese tránsito habrá angustia y desazón pero lo que entrega la buena cimiente… es saber caer y volver a empezar…”. Conociendo la pulcritud para escribir del columnista, quiero creer que un duende payaso cambió simiente por cimiente. ¿O se refiere el autor a cimentar?

Imagino el dolor y malestar del redactor. Quienes escribimos estamos a diario expuestos al error y ninguno puede lanzar la primera piedra.

Echo de menos, eso sí, a otros duendes serios que corregían las embarradas de los traviesos. Con los años que tengo en este oficio, pongo mucha atención a lo que escribo porque me afectaría mucho encontrarme con una erata.

Mentessana

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