Martes 23 de Febrero de 2021

¿Dos días de elecciones en abril?

No es imposible hacer la elección en dos días, pero poniendo todos los riesgos en la balanza no parece que sea aconsejable.

Quedan poco más de seis semanas para la elección del 11 de abril. Es una elección inédita no solo por el número de candidatos, sino porque incluirá la elección de convencionales, que redactarán una nueva Constitución, y la de gobernadores regionales. A ello hay que agregar que la pandemia aún estará causando estragos. Algunas voces expertas, además, han advertido de que podría haber un aumento de contagios como consecuencia del término de las vacaciones y el incremento gradual de las actividades productivas. Por cierto, con una gran mayoría de población mayor vacunada esos contagios podrían ser menos dañinos.

Dado el elevado número de votaciones (cuatro) y que el tamaño de los votos en dos de ellas —convencionales y concejales— es relativamente grande, se anticipa que el tiempo promedio que estarán los votantes en la urna secreta será el más prolongado desde 1989. Las expectativas de participación, por el carácter histórico de esta votación, tampoco son bajas. Si solo el 51 por ciento de los inscritos fueran a sufragar, se alcanzaría la mayor cantidad de personas acudiendo a las urnas en la historia de Chile. Si a ello se suman las restricciones sanitarias que impone la pandemia, hay un riesgo evidente de congestión y, por tanto, de desincentivos a la participación.

Es comprensible, entonces, que el Gobierno esté analizando la posibilidad de desarrollar esta elección en dos días. Así lo hizo saber el ministro Secretario General de la Presidencia. Sin embargo, no es evidente el rigor con el que esta opción se ha estudiado. Por ejemplo, se ha dicho que se convocarían vocales distintos para el sábado y el domingo, pero ello diluye las responsabilidades de los posibles errores en el transcurso de la votación. Una de las virtudes, poco reconocidas, del proceso electoral chileno es que al constituirse una mesa se nombra presidente, secretario y comisario, cada uno de ellos con una responsabilidad específica, lo cual es parte de las razones del éxito de nuestro sistema electoral. En un esquema como el que se propone, esta virtud se pierde.

Un punto central es la seguridad de la custodia de los votos. En una elección de dos días las posibilidades de interrumpir esa custodia aumentan. Se ha argumentado que los recintos podrían ser resguardados por efectivos militares, pero ¿es posible una operación logística de ese carácter? Se requeriría, desde luego, más de un turno. No es evidente que ello pueda organizarse de modo expedito. Hay que tener en cuenta, además, que en el país operan grupos radicales que llevan adelante distintas acciones para desestabilizar el funcionamiento de las instituciones públicas. Así, una votación de dos días puede ser un objetivo muy atractivo para quienes busquen empañar un proceso que debe ser impecable. Además, al incluirse elecciones no habituales (convencionales) y por primera vez (gobernadores regionales), esta tiene un carácter simbólico particular.

Ahora bien, en el poco tiempo disponible se requiere legislar y resolver un sinnúmero de detalles logísticos que en un contexto de pandemia no son fáciles de abordar. El plebiscito del 25 de octubre pasado funcionó bien, en gran medida, porque se decidió no innovar a última hora, a pesar de numerosas voces que sugerían avanzar hacia dos días de votación. La elección del próximo 11 de abril es más compleja y se entiende la especial preocupación de las autoridades. Pero, sin una estrategia precisa que aborde todos los potenciales inconvenientes y tenga respuestas satisfactorias para todos ellos, innovar puede ser un gran error. Los ojos de todos los organismos internacionales y de muchos países van a estar puestos en este proceso. Por ello, los errores que pudiesen cometerse como consecuencia de una improvisación deben evitarse. Por cierto, hay que contrastarlos con los que pudiesen emerger como consecuencia de las aglomeraciones que no se pueden descartar. No es imposible hacer la elección en dos días, pero poniendo todos los riesgos en la balanza no parece que sea aconsejable.

Litoral de los poetas

—Dar un duro todo el año / para llegar aquí, / buscando un rayito de sol, / tomar un buen baño… / Bien de lejos hemos venido / a tostar los pellejos.

—El plan Paso a Paso rige / y al estar en fase dos / exige al bañista / sea ya residente o turista, / permanecer bien guardado. / Lamentamos el incomodo.

Desafío para Chile Vamos

Nada podría resultar más inconveniente para la coalición que conflictos entre sus candidatos.

Durante el actual gobierno del Presidente Piñera, Chile Vamos, agrupación de partidos que lo respalda (RN, UDI, Evópoli y el PRI), no ha actuado siempre de manera unitaria. Al comienzo fue un bloque alineado y consistente con su ideario, pero a medida que transcurrieron los meses y especialmente con motivo del estallido social, este orden tendió a debilitarse y surgieron pugnas impensadas, pues se llegó al extremo de que se cortaron relaciones entre algunos de los bloques oficialistas y se cancelaron, incluso, reuniones conjuntas. Esto se debe, parcialmente, a estilos disímiles de sus dirigentes, circunstancia que con las renovaciones de sus liderazgos ha tendido a desaparecer.

Lo preocupante es que esas controversias también dieron cuenta de diferencias en temas sustantivos que, de no abordarse adecuadamente, corren el riesgo de incrementarse en la futura Asamblea Constituyente y en los programas presidenciales.

Con todo, la reciente elaboración de una lista única del sector en vistas a la Asamblea Constituyente en la cual estaban incluidos los republicanos evidenció que los partidos todavía poseen un gran sentido de responsabilidad política ante el desafío que enfrentan. Sin embargo, el 2021 estará repleto de hitos que pondrán a prueba la unidad de Chile Vamos, pues en los sucesivos procesos electorales no faltarán las oportunidades en que las diferencias se agudicen. En este sentido, la cuestión más inmediata será cómo el sector dirimirá la próxima candidatura presidencial. Contrariamente a lo ocurrido al final de la administración anterior de Piñera, según las encuestas hay buenas posibilidades de que quien triunfe en estas elecciones sea alguien del oficialismo. Si bien el cometido no es fácil, dada la existencia de candidatos competitivos en la izquierda, el modo en que actúe Chile Vamos puede ser decisivo. De ahí que la presencia de candidatos de mérito provenientes de la derecha constituya una fortaleza destacable. Eso no debe hacer perder de vista la existencia de un riesgo que parece crecer conforme avanzan los días: que la campaña de algunos candidatos se haga sobre la base de criticar a su propio sector y al Gobierno.

Además, los dos nombres más competitivos, Joaquín Lavín y Evelyn Matthei, provienen de la UDI y esta no ha definido cómo zanjará esa disputa. El presidente de ese partido ha dado a entender que posiblemente esto se va a resolver mediante las primarias, las encuestas o la decisión de un órgano partidario suficientemente representativo. Sin embargo, Matthei ha sido clara en que su voluntad es llegar a la primaria de Chile Vamos y que no aceptará vías alternativas para sacarla de la carrera. Para complicar aún más el cuadro, la UDI ha planteado que no decidirá nada hasta después del 11 de abril, fecha de elecciones. Sin embargo, hay que recordar que el 4 de mayo se cierra el plazo para las inscripciones de las primarias legales en que los diferentes partidos definirán sus candidatos para la papeleta de la primera vuelta. Cualquiera sea la fórmula para abordarlo, se requerirá de transparencia y amistad cívica. Nada podría resultar más inconveniente para Chile Vamos que un conflicto de este tipo, el que tendría un altísimo costo electoral.

Independencia judicial

Chile necesita jueces que posean una formación jurídica profunda y equilibrada, y una independencia a prueba de sesgos.

Tras cumplir la edad reglamentaria, deja la Sala Penal de la Corte Suprema el magistrado Carlos Künsemüller, quien se desempeñó en el máximo tribunal durante más de 13 años. Antes había sido por largo tiempo abogado integrante de la Corte de San Miguel. El exministro también imparte docencia en la Universidad de Chile, publica regularmente trabajos académicos y preside el Instituto de Ciencias Penales, enriqueciendo de este modo la academia con la praxis y viceversa. Bien conocido por todo lo anterior entre los profesionales del derecho, el exministro Künsemüller probablemente será recordado entre el público no especialista por su enérgico rechazo a la acusación constitucional que promovió en su contra el Frente Amplio y secundaron otros políticos de centroizquierda. El libelo, dirigido también contra otros dos jueces, pretendía la destitución de los magistrados por haber otorgado la libertad condicional a personas condenadas por delitos considerados como violaciones de los derechos humanos, en circunstancias que esto era lo que correspondía hacer conforme a la ley vigente. En estas circunstancias, el entonces ministro calificó la acusación como una infamia y a sus promotores, como ignorantes en materias de derecho.

Esta fortaleza en la defensa de la independencia judicial es hoy más necesaria que nunca. Como es sabido, a esta acusación constitucional siguieron otros episodios de lamentable y desembozada intromisión de los legisladores en las funciones jurisdiccionales de los magistrados, tanto a través de la acusación constitucional como, de un modo especialmente insidioso, por medio de las facultades que la Constitución concede al Senado en el proceso de nombramiento de los ministros de la Corte Suprema. Lo que debería constituir un examen de la independencia y calidad jurídica de los candidatos se ha convertido en muchos casos en una selección basada en consideraciones ideológicas, en el acuerdo o desacuerdo con lo resuelto por el juez en ciertos casos de mayor connotación —independientemente de su apego al derecho—, y a veces incluso en una especie de “ajuste de cuentas”. Hace pocos días, cuando se conoció el contundente fallo que absolvió a todos los acusados en el proceso por la muerte del expresidente Frei Montalva, muchos conocedores del sistema valoraron, tanto como el fallo, el coraje de los ministros que lo dictaron. Por eso, cuando el exministro Künsemüller insiste en que si los jueces, antes de fallar, tuvieran que averiguar lo que están pensando determinados sectores políticos —“eso es, simplemente, la destrucción del Poder Judicial en un sistema democrático”—, se está refiriendo a uno de los aspectos más delicados de la crisis institucional que afecta al país.

El valioso aporte a la Corte Suprema de figuras como el ministro saliente mueve también a reflexionar sobre la importancia de los asientos previstos en ese tribunal para abogados externos al Poder Judicial. La figura se introdujo en la reforma de 1997 y ha significado la incorporación de destacados abogados y académicos, como Urbano Marín, quien llegó a ocupar la presidencia de la Corte; Enrique Cury, y el propio Carlos Künsemüller. La partida de este último y de la ministra María Eugenia Sandoval, destacada tributarista que integró durante años la Tercera Sala, especializada en asuntos constitucionales y contencioso-administrativos, impone la obligación de realizar nuevas designaciones. Si la función jurisdiccional siempre es una pieza clave del Estado de Derecho, los desafíos de reconstrucción institucional que enfrenta el país en el presente y el futuro inmediato incrementan sustancialmente su trascendencia. Chile necesita jueces que posean una formación jurídica profunda y equilibrada, independencia a prueba de sesgos ideológicos y activistas, y fortaleza para fallar de acuerdo al mérito del proceso, aunque ello resulte impopular o suscite el rechazo de algún sector de opinión.

Naturalmente es legítimo discrepar de algunas de las resoluciones del ministro saliente, pero cabe destacar especialmente su fortaleza para defender la independencia judicial, incluso en momentos muy difíciles.

Bajo la férula de la mobocracia

Una de las raíces del totalitarismo está en que la masa se transformó en mob, una multitud enrabiada, dispuesta a arrasar.

En 1951 Hannah Arendt destacó que una de las raíces del totalitarismo está en que la masa se transformó en mob, una multitud enrabiada, dispuesta a arrasar, muchas veces tropa de atorrantes, añadimos; hoy se comienza a hablar de mobocracy frente a esta rebelión ciega, de la cual el asalto al Capitolio no es más que ejemplo eximio. Su impulso moral, por llamarlo de alguna manera, proviene de la ruptura entre la legitimidad de las instituciones, por una parte, y sus élites políticas y culturales, por la otra, lo que facilitó esta airada e inaudita violencia, en rebelión contra el “abuso”, un lugar común. Cuando todo es abuso, es imposible identificarlo, y viene a ser muletilla que todo lo justifica. El mob podrá ser pequeño en número y sin embargo ocupa todo el espacio. Cualquier protesta pública, incluso la más desaforada y odiosa, es homologada por esa élite a una “acción de arte”, a raíz de la fusión del arte colectivo con la alta cultura, de modo que al final de los finales esta última deja de constituir un marco de admiración y creación.

Resalta entonces la característica anotada por Hannah Arendt de que la élite político-cultural se pone a la cola de la fila del mob —debería ser al revés— y en su mayoría aplaude —porque “comprende”— la devastación del país, me parece más por intimidación y renuncia que por convicción. Pausadamente emerge con retraso una crítica a la indolencia de fondo originada en esa puja anti-institucional, para demoler toda estructura.

Porque, ¿hay relación estricta de causa y efecto entre un incidente en principio menor, con desgraciado desenlace, producto de un ataque machete en mano a un carabinero, cuyo hechor es muerto por las balas del agente, y la iracundia del mob, que incendia dos municipalidades, provocando daño ingente a la masa de su población? No impresiona ni la tesis de los abusos ni de la grieta social —no es que esta no exista—, sino que opera la tentación del retorno a un primitivismo pirómano. Se ha visto en situaciones análogas en EE.UU. y, con menor intensidad, en algunas ciudades europeas. En Chile, hay que reconocerlo, esto ha sido más denso, extendido en el tiempo y más abarcador que en otras partes, salvo en los estados fallidos (Haití, Somalia, Yemen, etc.).

Es lo que nos debe llamar la atención ante las críticas —por suerte ahora no unánimes— a Carabineros. Esta institución ha pasado por malos momentos, con sus problemas, sometida además a una coerción para que inhiba toda respuesta. Frente a esto, hay que recordar dos elementos de juicio. Uno, que Carabineros siempre fue considerado como una institución única de este país y que, comparada con experiencias regionales, tiene buena evaluación. Es un tipo de rasgo que no desaparece de la noche a la mañana, y ese cuerpo no es fácilmente reemplazado por —ejemplo— policías municipales, generalmente más expuestas a la corrupción, entre tantos males. Y, ¿qué hubiera sido del país si en las semanas que siguieron al 18 de octubre de 2019 los carabineros no hubieran contenido —a duras penas eso sí— la insumisión violenta? ¿Llamar en serio, no en broma, a las fuerzas armadas? Se conoce el precio, ya que están preparadas para otra contingencia. Eso, más un recurso a la política tradicional, el Acuerdo del 15 de noviembre, al menos distendió algo las cosas, al diferir desenlaces.

Entremezclada y tolerada (o defendida) por las manifestaciones, la insurrección del mob tuvo la apologética de no poca élite. Aunque la efervescencia en definitiva se canalice hacia un cambio creativo, precaria esperanza, estamos ante un fenómeno mundial con el que tendremos que vérnosla por largo tiempo.

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Colo-Colo es Chile

El autor de la frase “Colo-Colo es Chile” se anotó un gol, pues resume la importancia que en un país futbolizado tiene un club que objetivamente cuenta con mayoría de hinchas y fanáticos y sus actuaciones tienen incomparable repercusión en los medios de comunicación. Colo-Colo, que luego de nacer tuvo, como ocurre en muchos eventos de nuestra historia, visos de tragedia con la muerte de David Arellano en canchas españolas, también recoge en tradición y emblemas el nacimiento de Chile como nación soberana. Por eso, si en Argentina se dice que Boca es la mitad más uno de los argentinos, ese porcentaje, sin duda, es mayor en Chile respecto de Colo-Colo.

Las similitudes, guardando distancias y circunstancias, son más. Colo-Colo, como Chile, ha vivido variadas crisis, pero ambos, con dificultades, errores y sacrificios, están saliendo de la actual que comparten. Para enfrentarla hay convicción de la imperiosa necesidad de la unidad, en un caso entre gobernantes y gobernados y en el otro entre sociedad anónima, club social e hinchada, pero eso es difícil de lograr. Igual ambos están infiltrados por grupos violentistas que transforman en acto delictual manifestaciones sociales o deportivas. Por último, los dos prescinden de los viejos que les sirvieron marginándolos con tratos inmerecidos ante los aportes generosamente efectuados.

No hay duda, Colo-Colo es Chile. Con todo, ambos defienden “con gloria el tricolor”.

Corusco

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