Jueves 8 de Abril de 2021

Cartas y Opinión

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Las Fuerzas Armadas en la nueva Constitución

La Constitución original de 1980 reservó a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) un rol que negaba principios esenciales del constitucionalismo democrático. Recuérdense el amplísimo rol “garante” asignado en exclusiva a las FF.AA., la inamovilidad de los Comandantes en Jefe, el establecimiento de un Cosena que se autoconvocaba y podía, contra la voluntad del Jefe de Estado, reprochar actos de los poderes clásicos del Estado, y la existencia de cuatro senadores “designados” provenientes del mundo militar.

La reforma de 2005 corrigió buena parte de la anomalía descrita. ¿Qué debiera decir la nueva Constitución?

A continuación ofrezco, en apretada síntesis, algunas ideas personales sobre este importante asunto:

1. Debiera mantenerse, en la Constitución, un reconocimiento explícito a las FF.AA. y a la misión esencial que ellas tienen. El acápite ad hoc sobre FF.AA. debiera ir inmediatamente después del tratamiento constitucional del Presidente. Sin recaer en nociones militaristas que veían a las FF.AA. como un cuarto poder, no parece razonable irse al otro extremo y diluirlas como parte del entramado de la burocracia gubernativa.

2. Debiera declararse que las FF.AA., y las Fuerzas de Orden y Seguridad, tienen el monopolio de la fuerza legítima.

3. Debiera afirmarse la sujeción de las FF.AA. al orden constitucional vigente, debiendo ellas ceñirse a las atribuciones que la Constitución le otorgue al Jefe de Estado y al ministro de la Defensa Nacional. Se las debe definir como cuerpos disciplinados, obedientes y no deliberantes.

4. Debiera garantizarse el carácter profesional de las FF.AA.

La existencia de una auténtica carrera militar, fundada en el mérito, es un pilar central para unas FF.AA. enmarcadas en el Estado de Derecho. Es parte del acervo republicano y democrático que los ascensos en la carrera militar deban ser confirmados por el poder civil, pero ello no puede significar que el éxito en dicha carrera dependa de las simpatías con un gobierno o un partido.

Debieran conservarse las fórmulas actuales sobre nombramiento y eventual remoción de los Comandantes en Jefe. También me parece valiosa la regla según la cual la incorporación a las plantas y dotaciones de las FF.AA. solo podrá hacerse a través de sus propias escuelas institucionales especializadas.

Con el argumento (o el pretexto) de evitar la deliberación autónoma de los militares, algunas Constituciones latinoamericanas recientes han sometido al personal uniformado no a la subordinación de la Constitución, sino que a la dirección política contingente y directa del gobernante de turno. En el caso de Venezuela, es bastante claro que esta característica del régimen constitucional instaurado en 1999 facilitó la captura política de las FF.AA. por parte del chavismo, hasta el punto en que ellas han terminado por transformarse en la guardia pretoriana del dictador Maduro.

5. Debe declararse que las FF.AA. actuarán siempre con sujeción al derecho humanitario y con respeto irrestricto, sin excepciones, a los derechos humanos.

6. Debe eliminarse la referencia a la expresión “Seguridad Nacional”. Ella es hija de una doctrina de la Guerra Fría que veía en todo disidente un “enemigo interno”. Sugiero reemplazarla por “Seguridad de la República”.

7. Deben deslindarse con claridad las tareas de la Defensa, asignadas a las FF.AA., de las funciones de seguridad interna, correspondientes a las policías.

8. Sin perjuicio de la conveniencia de que existan instituciones, a nivel legal, que le permitan al Presidente contar con asesoría en materias de seguridad, debe eliminarse de la Constitución el capítulo especial destinado al Consejo de Seguridad Nacional.

Patricio Zapata Larraín

Nueva institucionalidad del agua

“…nuestra propuesta considera la creación de Consejos de Recursos Hídricos por cuenca, de carácter público-privado, en los que participen todos los actores relacionados con el recurso…”.

Eduardo Frei Expresidente de la República Presidente Consejo de Políticas de Infraestructura

Eduardo Frei

Expresidente de la República

Presidente Consejo de Políticas de Infraestructura

El Gobierno, a través del Presidente de la República y del ministro de Obras Públicas, ha anunciado el inicio de la tramitación de una nueva institucionalidad para coordinar adecuadamente las políticas y acciones relativas al agua. En momentos en que el cambio climático, y la crisis hídrica que este ha contribuido a generar, se expresan en todo el territorio nacional, un anuncio de esta naturaleza es muy bienvenido.

Es muy importante, a nuestro juicio, reconocer que la arquitectura institucional que impera en Chile, en relación con los recursos hídricos, ya por largo tiempo se ha vuelto ineficaz e ineficiente con la actual escasez de agua. De acuerdo con antecedentes proporcionados por la propia autoridad, son más de 40 las entidades públicas que participan en el sector, no siempre en forma coherente.

Es por ello que como CPI nos permitimos hacer llegar a la Mesa del Agua una propuesta para la creación de una Subsecretaría de Agua, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, la que recogía iniciativas similares elaboradas por diferentes instituciones y expertos. De esta forma, se crearía una autoridad rectora a cargo de las políticas de recursos hídricos desde el sector público, con capacidad para integrar, en un plan coherente y adecuado a los desafíos actuales, una serie de actividades que hoy se realizan a través de diferentes instituciones. Nuestra sugerencia es que esta subsecretaría responda en lo relativo a las políticas de recursos hídricos a un Consejo de Ministros en el que participen, además del MOP, los ministerios de Agricultura, Minería, Energía, Economía, Medio Ambiente y Ciencia y Tecnología.

Asimismo, para coordinar adecuadamente el trabajo y acciones de las distintas instituciones públicas propusimos un comité técnico que represente las diferentes miradas representadas en los distintos servicios públicos relacionados. En paralelo, a nivel territorial, nuestra propuesta considera la creación de Consejos de Recursos Hídricos por cuenca, de carácter público-privado, en los que participen todos los actores relacionados con el recurso, más allá de quienes son poseedores de derechos.

Las acciones que se deben emprender como país para optimizar el uso de un recurso cada vez más escaso son muchas y requieren de una nueva institucionalidad como la descrita. El agua es fundamental para la vida humana —y debe garantizarse el consumo humano como uso prioritario—, pero requerimos un equilibrio ecológico, cuidado del medio ambiente y las cuencas en todo el territorio, así como el despliegue de actividades productivas fundamentales para asegurar nuestro desarrollo. Respecto de estas, la más demandante de agua es la agricultura, la que representa una proporción importante del empleo, del sustento alimentario de buena parte del país y de nuestras exportaciones, pero también el agua es requerida para el sector forestal, en la actividad minera, en el turismo y en las industrias.

Algunas de las iniciativas que nos parece que una subsecretaría y nueva institucionalidad de estas características debiera asumir son definir la Política Nacional de Recursos Hídricos de largo plazo y, entre sus consideraciones, incorporar las formas de optimizar el uso del recurso, según las características de cada cuenca, así como las inversiones que deben realizarse para ello y las diferentes formas de suplir déficit. Entre estas, nos parece fundamental definir una Política Nacional de Desalinización de agua, de manera tal de promover estas inversiones, así como sinergias entre ellas, incentivando que grandes desaladoras —como hoy las de uso minero— puedan contribuir a otros fines, respetando siempre la prioridad del consumo humano. De igual forma, nos parece que la subsecretaría con el Consejo de Ministros debiera pronunciarse sobre iniciativas de trasvase de cuencas y sus diferentes opciones, en caso de que se estimen técnica, ambiental, económica y políticamente viables.

Avanzar en la integración de las visiones institucionales para abordar el problema hídrico que afecta al país es un gran paso que permitirá una gestión mucho más adecuada del agua de acuerdo a lo que son nuestras posibilidades, sin poner en riesgo la sustentabilidad futura.

el mercurio hace 30 años

8 de abril de 1991

PRESIDENTE AYLWIN EN MADRID. El jefe de Estado inició en España su gira de 20 días por países de Europa, teniendo su primera reunión oficial con el Presidente Felipe González. “Chile puede contar con nosotros”, dijo el gobernante, puntualizando que nuestro país es muy atractivo para los inversionistas españoles y que esta semana quedará definida la aplicación del acuerdo marco entre ambas naciones.

COLAPSO DE RESIDUOS. Entre tres mil y cuatro mil 700 toneladas de basura produce diariamente el Gran Santiago. Y es una realidad que los dos vertederos autorizados de la capital tienen sus días contados. Solo podrán seguir “digiriendo” desechos hasta tres años más.

EXPOSICIÓN UNIVERSAL. Los participantes en la próxima feria internacional de Sevilla en 1992 invertirán unos mil millones de dólares en sus proyectos, según publicó el diario “El País”.

Hace 50 años

8 de abril de 1971

ITALIA. Una huelga general paralizó las principales industrias. En Milán, entre el 95 y 100 por ciento de los trabajadores no concurrieron a sus tareas.

BANCO CENTRAL. La cuota máxima que podrán recibir quienes viajen más allá de 500 kilómetros de la frontera será 200 dólares.

Hace 100 años

8 de abril de 1921

LA PESTE. A pesar de las medidas preventivas que han tomado las autoridades, la epidemia de viruela hace estragos en Iquique y Antofagasta.

PEDRO AGUIRRE CERDA. El ministro del Interior llegó a acuerdos con los patrones para ofrecer a los mineros de la pampa mejores condiciones de vida.

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