Jueves 8 de Abril de 2021

Bienes “esenciales” y daño a emprendedores

La arbitraria decisión del Estado de definir qué bienes pueden ser comercializados genera

un daño severo y concreto para este sector.

En todo el mundo, el recrudecimiento de la pandemia y sus efectos en la saturación del sistema sanitario han llevado a la implementación de nuevas y estrictas medidas orientadas a limitar la movilidad y a lograr por esa vía una reducción de los contagios. También en Chile, la reciente imposición de restricciones para impedir la comercialización de bienes y servicios estimados “no esenciales” responde a un intento por reducir el desplazamiento de los trabajadores que participan de su cadena logística, incluyendo bodegaje, apertura de locales y reparto domiciliario. No es evidente, sin embargo, la contribución de esta medida al objetivo buscado y en cambio su materialización supone una grave afectación de derechos, así como un daño directo e injusto a miles de emprendedores. Por ello, en el contexto de lo que ha sido un manejo difícil y complejo, pero en general acertado de la emergencia sanitaria, este paso emerge como un lamentable error no forzado.

Desde luego llama la atención la no consideración de experiencias similares en el mundo. En Francia, España y el Reino Unido, por ejemplo, el fuerte rechazo a la idea por parte de las empresas y de los consumidores derivó en su revisión y en la flexibilización de sus disposiciones. En nuestro país, ya los primeros días de vigencia de la norma han generado importante confusión, que la autoridad ha tratado de despejar mediante un instructivo que intenta delimitar sus alcances. Equivocado sería, sin embargo, no advertir que los problemas que acarrea una medida así no responden solo a una cuestión de implementación, sino que arrancan de su propia concepción, fundada en el supuesto de que una autoridad centralizada pueda, por sí, determinar lo que es esencial para una población, desconociendo que esa definición responde a circunstancias particulares y propias de cada consumidor. Frente a esa dificultad de origen, la autoridad estableció inicialmente, de modo escueto, que entrarían en la categoría aquellos productos imprescindibles para la subsistencia, el teletrabajo, la educación remota y el mantenimiento y la seguridad del hogar, comprometiendo especificarlos en un listado cuyo anuncio vino a concretarse el martes en la noche. Así, finalmente, el Ejecutivo delimitó 19 categorías de bienes —incluyendo alimentos y bebestibles, medicamentos, artículos para el hogar, productos electrónicos e implementos de oficina, entre otros— cuya comercialización estaría autorizada. La extensión y, en algunos casos, la incoherencia entre las categorías establecidas son el resultado inevitable de una medida de esta naturaleza.

Particular atención amerita el daño infligido al mundo del emprendimiento. La arbitraria decisión del Estado de definir qué tipo de productos y servicios pueden ser comercializados tiene un impacto concreto sobre quienes ofrecen o venden tales bienes. Por de pronto, la Cámara de Comercio de Santiago ha estimado que al menos 120 mil empresas, con 600 mil trabajadores, se verán afectadas. Más aún, se ha sentado aquí un grave precedente en contra del libre funcionamiento y de la sostenibilidad de las empresas, particularmente de las pymes. La inconformidad de esos sectores frente a normativas que parecen condenar una actividad que ya ha sufrido graves daños durante el último año y medio es justificada. Por lo mismo, cabe abogar por la transitoriedad de la medida, al tiempo que avanzar en instrumentos de protección de los pequeños empresarios que permitan activar la economía. Queda también abierta la discusión respecto de potenciales compensaciones.

Es innegable que el debilitamiento sanitario demandaba la adopción de estrategias de contención capaces de evitar el colapso del sistema de salud. Tampoco se puede desconocer la necesidad de concientizar con urgencia a la población respecto de las complejidades del momento que se vive. No obstante, el apuro y la improvisación de medidas de dudoso sustento técnico pueden no solo conspirar contra el objetivo buscado, sino que además contribuir al debilitamiento del marco económico, junto con afectar las posibilidades de consumo de una población ya sometida a duras restricciones.

Populismo náufrago

—¡Hoy... envié una botella con un mensaje a la Gobernación Marítima, exigiéndoles que vengan y nos instalen otra isla frente a esta y por lo menos con tres palmeras!

Justicia civil en pandemia

Las consecuencias de una pasividad en estas materias pueden ser catastróficas.

Después de un año en régimen de pandemia parece indispensable revisar el funcionamiento del sistema de justicia, especialmente en materias civiles. La legislación de emergencia, en su momento necesaria, ha tenido como efecto una virtual paralización de los juicios que contrasta con la realización de juicios penales, laborales y de familia en modalidad remota, en circunstancias que son precisamente estos procedimientos orales los que podrían verse más afectados por la falta de presencialidad. No resulta comprensible para el ciudadano común que la declaración de un testigo o un representante legal, incluyendo el interrogatorio de los abogados, no pueda ser registrada por un receptor sirviéndose de medios remotos, o que no puedan presentarse y observarse documentos probatorios utilizando las herramientas de tramitación electrónica que se emplean desde hace ya tiempo en esos mismos tribunales. Las plataformas de comunicación a través de la web permiten incluso crear grupos o salas al interior de una misma reunión, lo que permitiría someter al conocimiento del juez las objeciones o incidentes que las partes promuevan en una audiencia.

Las consecuencias de una relativa pasividad en estas materias pueden ser catastróficas para los derechos de las personas y para el desarrollo del país. Sin un sistema de justicia civil realmente operativo se hace imposible el funcionamiento de contratos y relaciones jurídicas siquiera levemente más complejas que la satisfacción de necesidades básicas, pues ellas requieren mecanismos apropiados de solución de controversias. El desarrollo del arbitraje en materias comerciales, de la construcción, de los derechos asociados a desarrollos tecnológicos, y en tantos otros ámbitos similares demuestra que los que pueden se sustraen a la justicia ordinaria para poner sus conflictos en manos de jueces que, aparte de utilizar procedimientos más ágiles, tienen la capacidad de seguir funcionando en situaciones complejas como la actual. Pero esta posibilidad solo está disponible para quienes cuentan con la asesoría y los recursos suficientes para prever los conflictos y solventar los costos del proceso.

Es clave que los tribunales superiores apoyen y validen los procedimientos que se realicen utilizando medios tecnológicos, en la medida en que se respeten los derechos elementales de todas las partes e intervinientes. En este sentido, constituye un precedente importante el fallo de la Corte Suprema que, hace algunas semanas, rechazó un recurso de nulidad en materia penal argumentando que la falta de presencialidad no supone per se una afectación de tales derechos. Aduce como ejemplo el caso de la Corte Penal Internacional, que conoce de delitos gravísimos y no obstante ha aceptado el uso racional de plataformas y sistemas de comunicación a distancia. Es evidente que en todos estos casos se trata de una ponderación de bienes e intereses, de manera que esta ha de realizarse teniendo en consideración todos los derechos potencialmente afectados. Esta perspectiva debería traer como consecuencia una reactivación de los procesos civiles y, como presupuesto necesario, que quien alegue una posible afectación de sus derechos a causa de la falta de presencialidad tenga también la efectiva carga de demostrar de qué forma precisa podría producirse aquella.

Traductores “cancelados”

Pareciera legitimarse el supuesto derecho de algunos para, desde su subjetividad, imponer vetos y censuras sobre terceros.

Como otra expresión del absurdo al que conduce definir las conductas sociales admisibles según la “identidad” de las partes intervinientes debe entenderse la censura a que fueron sometidos algunos traductores de Amanda Gorman, joven autora estadounidense, quien leyera su poema “The hill we climb” en la ceremonia de inauguración del Presidente Biden, en enero pasado.

En efecto, tanto el catalán Víctor Obiols como la escritora holandesa Marieke Lucas Rijneveld fueron vetados por las respectivas editoriales encargadas de traducir a Gorman al catalán y al neerlandés, respectivamente. Obiols fue “cancelado” cuando ya había completado la traducción encargada, y Rijneveld —la ganadora más joven de la historia del premio Booker International— había sido aprobada como traductora por la propia Gorman, para después ser vetada por la editorial, luego de que la activista Janice Deul se quejara de que no fuera afroholandesa.

La idea de que una traducción solo es válida si está hecha por alguien cuya “identidad” coincide con la del autor, porque supuestamente solo así lograría tener la sensibilidad para entender su subjetividad, no solo es debatible, sino que se sostiene sobre supuestos que, proyectados al plano social, hacen de las relaciones humanas una interacción cada vez más dificultosa, hasta el punto de lo impracticable, y crecientemente menos libre.

Desde luego, la traducción es una actividad que requiere de conocimiento experto, algo que es independiente de la identidad del autor, y que esta última no asegura. Pero, además, en el ejercicio de la traducción también se manifiesta un rasgo fundamental de los humanos: aquello que en psicología científica se denomina “teoría de la mente”, la capacidad de ponerse en la situación del otro, de interpretar sus actitudes, lenguaje y gestos con cierta verosimilitud. Es a lo que implícitamente aludió el novelista español Javier Marías en una irónica columna sobre este caso. Aseveró allí que, según la doctrina asumida por las editoriales respecto de la obra de Gorman, “yo no debería haber traducido a Auden, O'Hara o Ashbery siendo ellos homosexuales y yo heterosexual, ni a Dinesen por ser ella mujer y yo varón, o a escritores ya fallecidos” encontrándose él vivo. Pero incluso asumiendo las dificultades que plantearía el problema de la subjetividad, pueden existir otros caminos para abordarlo. Por ejemplo, el editor alemán de Gorman decidió contratar a una traductora blanca de 67 años para hacer la traducción, y que luego su texto fuera pulido por una periodista negra de 40 años y por una escritora feminista germanoturca de 32. Es dudoso el valor literario de este ejercicio, pero al menos constituye una manera menos burda de enfrentar el tema que la imposición de vetos.

Con todo, lo más grave de este episodio es el trasfondo moral subyacente, propio de las doctrinas de lo políticamente correcto, según las cuales ciertos grupos identitarios tendrían el derecho tanto a “no ser ofendidos” como a calificar por sí mismos, desde su subjetividad, qué opiniones o acciones de otros serían ofensivas, y proceder a censurarlas. Así, en este caso, las editoriales que han cancelado a sus traductores lo han hecho bajo el supuesto de que si estos no comparten la “identidad” del autor, más fácilmente ofenderán a terceros con su trabajo; de hecho, han emitido sentidas declaraciones pidiendo perdón y manifestando su comprensión hacia quienes “expresaron su dolor, frustración, enfado y decepción”. Con ello han legitimado un supuesto derecho de algunos para, actuando como jueces y partes, establecer vetos sobre terceros. Por cierto, una sociedad abierta, deliberativa y crítica es incompatible con esta forma de reglar la interacción humana. No es posible imaginar una vida satisfactoria si ella está permanentemente sujeta a tales restricciones, menos aún en el contexto de complejidad social actual.

En definitiva, la “cancelación” de traductores es una nueva manifestación de la censura inquisitorial con que algunos pretenden amordazar a las sociedades contemporáneas.

Vamos a andar

¿Qué pasaría si nos echáramos todos a andar, cada cual a su propio ritmo, y nos convirtiéramos en un pueblo de caminantes?

El permiso para trotar, hacer deporte o simplemente caminar —en esta dura cuarentena— desde las 6 a las 9 de la mañana nos ha devuelto la posibilidad de ponernos de nuevo a “andar”. Y digo andar, no trotar ni circular en bicicleta. Andar como lo hacían nuestros antepasados nómades.

Andar no es un deporte, y no busca resultados, no depende de mediciones, escapa a la tiranía del rendimiento que se ha apoderado desde hace tiempo de nuestra sociedad. Al caminar, además, nos liberamos de esa otra tiranía contemporánea: la de la velocidad. Desprendidos de todo peso superfluo, de toda carga innecesaria, nos echamos a andar, sin prisa ni pausa, abiertos a la presencia del mundo, del paisaje o del encuentro con otros caminantes.

El caminante no es agresivo, va silbando, escuchando el canto de los pájaros, a veces se detiene a contemplar un árbol, y se da el tiempo de saludar. Qué diferencia con los automovilistas iracundos y con tantos ciclistas ensimismados y a veces agresivos, que parecen sentirse dueños de la calle y las veredas. El caminante no se siente dueño de nada. Se deja adelantar por el que trota, no le importa quedar atrás, pues sabe que la única manera de estar de verdad en el mundo es demorándose.

¿Qué pasaría si nos echáramos todos a andar, cada cual a su propio ritmo, y nos convirtiéramos en un pueblo de caminantes? Cambiarían la manera de entender y configurar la ciudad, la manera de habitar y convivir. En el caminar se disipan las angustias, las tristezas, los cansancios, se oxigena el alma. ¡Si los políticos caminaran, si los intelectuales caminaran! Federico Nietzsche, que elaboró sus grandes intuiciones caminando en la montaña, entendió que una filosofía elaborada al aire libre no puede ser igual que una concebida en el encierro de una biblioteca. “Estar sentado el menor tiempo posible, no dar crédito a ningún pensamiento que no haya nacido al aire libre y pudiendo movernos nosotros con libertad, a ningún pensamiento en el cual no celebren una fiesta también los músculos”, dice en “Ecce homo”. Imagino a Violeta Parra recorriendo los pueblos de Chile recopilando el folclor oral; y, a pesar de las pellejerías, incomprensiones e injusticias que padeció, agradeciendo el milagro de poder caminar: “Gracias a la vida que me ha dado tanto/ me ha dado la marcha de mis pies cansados/ con ellos anduve ciudades y charcos/ playas y desiertos, montañas y llanos/ y la casa tuya, tu calle y tu patio”.

En Chile, en décadas pasadas, se caminaba mucho. Los jóvenes Enrique Lihn y Alejandro Jodorowski forjaron su amistad, en la década del 50, caminando en línea recta y saltando lo que encontraran en su ruta: murallas, lo que fuera, hasta llegar a un árbol, a la hora del crepúsculo, para allí sellar un pacto secreto. Pero la irrupción del automóvil fue haciéndonos olvidar nuestra condición original de caminantes. ¿Por qué no nos lanzamos a lo abierto, por todos los caminos de Chile, buscando recuperar nuestro ritmo interior perdido, y la conexión con el territorio? Sócrates inventó la filosofía —muchas veces a pie pelado o con unas sandalias— recorriendo ciertos rincones o márgenes de la ciudad, conversando con sus discípulos horas de horas, hasta encontrar “juntos” la verdad. ¿No debieran los constituyentes salir de las estrechas salas de deliberación para ir a caminar y encontrar en esas caminatas el acuerdo perdido, perdido tal vez porque al dejar de caminar borramos el camino?

Son las 8 de la mañana, llevo más de dos horas caminando, y escucho mi corazón, “que agita su marco” y me dice que no bastarán ni la técnica ni la ciencia para sacarnos de esta pandemia global. Solo cuando todos volvamos a andar y recuperemos una velocidad humana, derrotaremos esta peste y otras que se han multiplicado por nuestros flujos acelerados y enfermos, y volveremos a ser peregrinos y no turistas, caminantes y no competidores de una carrera suicida y loca. ¡Sueños de caminante en una bella mañana de otoño!

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Regar y rogar

Como muchos lo han afirmado, regar es un ejercicio terapéutico para el ser humano, pues suele hacerse en silencio, observando el agua que cae sobre árboles y plantas al modo como las horas del día declinan al transcurrir la tarde. Regar sitúa al hombre frente a la naturaleza con la cual convive, una relación hoy menos cotidiana que lo deseable, dados los bosques de cemento y de pantallas que nos rodean con sus tentáculos casi inexpugnables. Por lo mismo, este quehacer de tomar una manguera y rociar la tierra nutre no solo a lo que hay en ella, sino también “nutre” quizás espiritualmente al hombre. En tal sentido, y más allá de la semejanza gráfica y fonética entre ambos verbos, el hombre, además de que riega el suelo natural que pisa, es aquel que a veces ruega, y no únicamente por agua en tiempos de sequía, sino que lo hace sobre todo por otras necesidades que permanecen en el secreto de su intimidad.

En toda súplica se alimenta una relación de paciente esperanza con lo divino que se parece a la que se da cuando alguien, por ejemplo, riega el jardín de su casa. Así como este último echa agua para que el pasto, las plantas y los árboles no se marchiten, el que ruega cultiva una actitud cuya latencia es atraer sobre sí gracias para su alma.

Rodericus

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